Una jueza de apellidos Baltodano Hernández, quien ejerce como coordinadora del Juzgado de Ejecución de la Pena en Puntarenas, es objeto de investigaciones penales y disciplinarias por presuntas irregularidades relacionadas con incapacidades médicas y nombramientos.
Según una denuncia, la funcionaria habría obtenido incapacidades de manera irregular a través del psiquiatra Alberto Mora Ávila, quien enfrenta acusaciones por venta ilícita de licencias médicas.
Este esquema afectaría a funcionarios de distintas instituciones públicas, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Seguridad Pública.
Incapacidades y nombramientos cuestionados
La jueza, quien acumula ausencias justificadas por licencias médicas desde al menos 2022, habría utilizado incapacidades firmadas por el Dr. Mora Ávila para justificar su ausencia laboral.
Estas boletas eran registradas en el sistema judicial para formalizar la incapacidad, lo que también habría facilitado la asignación de sustitutos en su puesto.
Un informe del Tribunal de la Inspección Judicial reveló que en 2022, la funcionaria tenía 380 casos sin tramitar, lo que generó múltiples advertencias sobre el funcionamiento de su despacho. Además, se cuestiona si cumple con los requisitos para ejercer como jueza de ejecución.
Red de venta de incapacidades
El psiquiatra Mora Ávila, con más de 30 años de experiencia en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), habría vendido incapacidades por montos que alcanzaban los ₡450 mil por mes.
Aparentemente, el médico contaba con la colaboración de un emergenciólogo y un administrativo del Hospital Monseñor Sanabria para agilizar citas y referir pacientes sin respetar listas de espera.
La red también involucraría a 22 funcionarios públicos de distintas instituciones, quienes habrían recurrido al médico para obtener licencias médicas fraudulentas.
Según las autoridades, el esquema incluía desde consultas privadas hasta referencias directas en emergencias del hospital.
Acciones legales en curso
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó la apertura de investigaciones administrativas y penales contra los implicados.
Asimismo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó siete allanamientos para desarticular esta red, resultando en la suspensión del psiquiatra por seis meses.
Por su parte, el Juzgado Penal de Hacienda impuso medidas cautelares contra Mora Ávila, incluyendo la prohibición de contactar a testigos. Otros dos empleados del hospital también están bajo investigación, aunque no han sido detenidos.
Impacto en el sistema judicial y de salud
El caso pone en evidencia las vulnerabilidades en el manejo de incapacidades en el sector público, afectando tanto el desempeño del Poder Judicial como el acceso equitativo a servicios de salud.
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