Desalojo frente al antiguo Hospital Monseñor Sanabria expone 25 años de descuido municipal

El desalojo administrativo notificado a comerciantes ubicados frente al antiguo Hospital Monseñor Sanabria no es únicamente una acción de la Caja Costarricense de Seguro Social para recuperar un terreno inscrito a su nombre. Es, sobre todo, el desenlace de una gestión municipal que quedó a medias durante 25 años.

La CCSS confirmó, ante consulta de Puntarenas Se Oye, que el viernes 15 de mayo de 2026 funcionarios institucionales notificaron el desalojo administrativo de puestos ubicados en la finca matrícula 17248-000, con una medida de 6.854 metros cuadrados y plano catastrado P-0028491-2023.

La institución sostiene que esos espacios forman parte de sus bienes institucionales, que no existen contratos ni convenios vigentes para su uso y que tiene la responsabilidad de recuperar el inmueble para futuros proyectos dirigidos a la comunidad.

Esa es la posición jurídica actual de la CCSS. Sin embargo, el expediente histórico deja una pregunta incómoda para Puntarenas: ¿cómo terminó una reubicación promovida con participación municipal convertida, 25 años después, en una orden de desalojo contra pequeños comerciantes?

La Municipalidad sabía, gestionó y no resolvió

El punto central del caso no está solamente en quién aparece hoy como dueño registral del terreno. Ese dato es claro: la finca pertenece a la CCSS.

El problema de fondo es otro. Documentos de la Auditoría Interna de la CCSS indican que desde el año 2000 las autoridades del Hospital Monseñor Sanabria realizaron gestiones para construir el Centro Regional de Rehabilitación en un terreno institucional. Para hacerlo, fue necesario reubicar quioscos de terceros que estaban en la periferia del terreno, al frente del lote y sobre la acera pública.

Esa reubicación no ocurrió en secreto ni al margen de las instituciones. Según la Auditoría Interna, los chinamos fueron trasladados hacia el costado oeste del inmueble propiedad de la CCSS debido a la participación de la propia Caja, la Municipalidad de Puntarenas y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Es decir, los comerciantes no llegaron ahí por generación espontánea. Llegaron como parte de una salida institucionalque luego nadie terminó de ordenar.

Una compra que se gestionó, pero nunca llegó

La documentación revela que la Municipalidad de Puntarenas tuvo en sus manos una ruta concreta para resolver el problema. En marzo de 2001 se autorizó gestionar un préstamo de ₡15 millones ante el IFAM para comprar una fracción de terreno de la CCSS, de 1.200 metros cuadrados, y reubicar los quioscos ubicados frente al Hospital Monseñor Sanabria.

Además, el entonces alcalde Jorge Escribano Carballo solicitó formalmente al IFAM ese crédito para financiar la compra del terreno y ubicar a los patentados que estaban frente al nosocomio.

También consta que el entonces diputado Gerardo Medina Madriz recordó a la Municipalidad los compromisos pendientes, entre ellos realizar las gestiones del préstamo, solicitar formalmente a la CCSS la venta de aproximadamente 1.200 metros cuadrados y firmar un contrato entre los comerciantes y la Municipalidad para aceptar el traslado.

Pero nada de eso llegó a una solución definitiva.

Ese es el descuido que hoy pesa sobre los comerciantes. La Municipalidad abrió una expectativa, impulsó gestiones, participó en una reubicación y permitió que el tiempo hiciera lo peor que puede hacer en la administración pública: convertir una solución provisional en un problema permanente.

Permisos, patentes y servicios públicos: señales de una tolerancia institucional

Los comerciantes han alegado durante años que sus locales no funcionaron como estructuras clandestinas. Según antecedentes citados por la Auditoría Interna, en un recurso de amparo presentado en 2001 indicaron que la infraestructura de los locales fue construida con autorización de la CCSS, que contaban con patente municipal y que recibían servicios del ICE y AyA.

Ese dato no les otorga automáticamente un derecho de propiedad sobre el terreno. Pero sí evidencia algo relevante: hubo tolerancia, conocimiento institucional y funcionamiento público durante décadas.

La Municipalidad no puede aparecer ahora como un actor secundario o ajeno al conflicto. Su papel está en el origen del problema. Y, por omisión, también está en su agravamiento.

CCSS ejecuta; Municipalidad queda señalada

La CCSS argumenta que los ocupantes no cuentan con título jurídico habilitante ni documento vigente que respalde el uso del terreno. También sostiene que la Auditoría Interna advirtió sobre la ocupación irregular y sobre la obligación institucional de recuperar bienes de dominio público.

Desde el punto de vista legal, la Caja tiene una posición fuerte. Sus terrenos están afectos a un fin público, son inalienables y no pueden ser adquiridos por terceros simplemente por el paso del tiempo. Así lo recoge el propio oficio de Auditoría Interna.

Pero una cosa es la fortaleza jurídica de la CCSS y otra muy distinta es borrar la responsabilidad histórica de la Municipalidad de Puntarenas.

La Caja puede tener razón registral. Sin embargo, el golpe social de esta medida nace de una cadena de decisiones inconclusas en la que el gobierno local tuvo un papel determinante.

Una orden acelerada después de 25 años de espera

La notificación entregada el 15 de mayo concede un plazo de cinco días hábiles para desalojar. Vencido ese plazo, la Administración podría ejecutar el desalojo con intervención policial.

Ahí está una de las mayores contradicciones del caso. La institucionalidad tardó un cuarto de siglo en ordenar el problema, pero ahora pretende resolverlo en cuestión de días.

Durante 25 años hubo trámites, oficios, avalúos, solicitudes de crédito, discusiones sobre convenios, permisos municipales, servicios públicos y advertencias internas. Aun así, nunca se concretó una salida definitiva.

La Auditoría Interna de la CCSS lo dijo con claridad: aunque existieron acciones documentadas desde el año 2000 hasta el 2023, no se disponía de una solución administrativa y legal definitiva por parte de los involucrados.

Ese señalamiento no debería leerse como una nota al pie. Es el corazón del caso.

Coincidencia con suspensión del director titular

La acción administrativa también ocurre en un momento sensible para el Hospital Monseñor Sanabria. La resolución fue firmada por el director general a.i., David Fernando Díaz Chavarría, en momentos en que el director titular, Randall Álvarez Juárez, se encontraba suspendido.

Con la información disponible, no es posible afirmar que exista una relación directa entre la suspensión del director titular y la decisión de ejecutar el desalojo. No obstante, la coincidencia temporal resulta periodísticamente relevante, sobre todo porque se trata de un expediente antiguo que se activa ahora con una ejecución acelerada.

En asuntos públicos, las formas importan. Y en este caso, la forma en que se impulsa la medida deja preguntas abiertas.

Respuesta de la Dirección de Red Integrada de Prestación Servicio de Salud del Pacífico Central de la CCSS

Ante la consulta que realizó el medio de comunicación Puntarenas Se Oye, nos respondieron lo siguiente:

Los puntos clave de la respuesta institucional se detallan a continuación:

• Legalidad del terreno: La recuperación de las propiedades obedece estrictamente a un tema de legalidad jurídica, ya que son propiedad de la CCSS. Se aclaró que no existen contratos de alquiler, préstamos ni convenios institucionales viables para este caso.
• Futuro del espacio: Una vez que la institución tome el dominio total del terreno, se realizarán los estudios técnicos respectivos para determinar cuál será su utilización final.
• Crecimiento comunal: La CCSS justificó la medida señalando que la zona de Puntarenas ha experimentado un aumento poblacional importante, lo que obliga a formular proyectos que brinden una mejor atención médica a los habitantes actuales y futuros.
• Origen del conflicto: El proceso legal y de revisión fue iniciado años atrás por la unidad administrativa y legal del Hospital Monseñor Sanabria, cuando este aún operaba en sus antiguas instalaciones. Por esta razón, la resolución administrativa original fue firmada por la máxima autoridad del hospital en aquel momento.
• Finalmente, las autoridades confirmaron que se concedió un plazo de 5 días hábiles para la recuperación de los terrenos, los cuales estaban siendo ocupados de forma ilegal.

Comerciantes recurren la resolución

Esta semana, los comerciantes afectados presentaron un recurso de revocatoria con apelación contra la resolución administrativa. Consideran que la medida es injusta y desproporcionada.

Su argumento principal es que la situación actual no fue generada únicamente por ellos, sino por una cadena de omisiones institucionales. En particular, señalan el incumplimiento histórico de la Municipalidad de Puntarenas, que desde inicios de los años 2000 pretendió adquirir el terreno para construir locales y asignarlos a emprendedores ubicados en los alrededores del antiguo hospital.

El recurso busca que se revise la decisión y se valore el contexto completo. No solo el estado registral del terreno, sino también la reubicación original, las gestiones municipales, la existencia de patentes, los servicios públicos y la prolongada tolerancia institucional.

Versión de la persona afectada

En Puntarenas Se Oye pudimos conversar con doña Cecilia Rodríguez Arce, afectada por el desalojo.

A doña Cecilia Rodríguez Arce se le ve bastante preocupada; el negocio con el que ha sacado a su familia adelante durante 26 años hoy se ve amenazado con desaparecer. La crisis estalló hace poco cuando las autoridades se presentaron en el sitio de manera imprevista.

Al respecto, relató cómo se enteraron de la situación:

“El desalojo que vinieron hace 8 días con la orden de desalojo y demolición supuestamente con lo que entendí iban a demoler los locales donde no hubiera nadie”.

Sin embargo, la demolición de un solo espacio pone en riesgo inminente a los comercios vecinos debido a que comparten paredes y una estructura unificada.

Según detalló la afectada:

“Si tocan ese, de a la par mía, la pared que divide la pared mía divide los dos, es como tocar un vidrio, porque va todo”.

Para doña Cecilia Rodríguez Arce la situación es una imprudencia técnica, pues asegura que:

“La estructura todo está hecho con el mismo plano; entonces, eso es hasta yo que no sé nada de ingeniería me veo aquí: toca un palo y está al lado del costado, se van los dos”.

Al ser consultada sobre el tiempo que llevan establecidos en el lugar, explicó que han trabajado ahí desde que construyeron la clínica de rehabilitación, acumulando unos 26 años en el sitio.

Ante esto, cuestionó la rapidez con la que ahora quieren ejecutar el proceso:

“Es algo que no tiene sentido porque vea usted, imagínese los años que pasaron para que vengan a decirnos que tenemos que resolverlo en ese poco tiempo”.

Los antecedentes históricos muestran que la Municipalidad tuvo en su momento la intención de adquirir el terreno para otorgarles permisos o concesiones legítimas, pero el gobierno local incumplió con la compra de la propiedad, dejándolos en la vulnerabilidad actual.

Ante esta realidad, confirmó la frustración del gremio:

“Correcto, eso es la incomodidad, que ellos se jugaron la pelota”.

A pesar del desalentador panorama, los comerciantes se encuentran organizándose y buscando asesoría legal para defender sus fuentes de empleo.

“Estamos trabajando porque no podemos dejarlo así”.

Al recordar cómo las propias autoridades los motivaron en el pasado a cuidar el espacio bajo promesas de desarrollo urbano que nunca llegaron, concluyó con amargura:

“Nos tendieron una camita, nos dijeron: ‘Cuiden esto porque es como la niña de sus ojos’… y nada de eso se cumplió”.

Actualmente, esta franja de comercios sufre por la baja circulación de personas debido al traslado del Hospital Monseñor Sanabria, pero mantienen la esperanza de que la llegada de la dirección regional y la sucursal de la CCSS a las antiguas instalaciones devuelva la vida a la zona, mientras la Municipalidad de Puntarenas sigue sin pronunciarse al respecto.

El problema no nació en los locales, nació en la omisión

Este caso obliga a distinguir dos cosas.

Primero, la CCSS tiene derecho y deber de proteger sus bienes públicos.

Segundo, la Municipalidad de Puntarenas no puede eludir el peso de una gestión que dejó inconclusa durante décadas.

El problema no nació el 15 de mayo con una notificación. Tampoco nació únicamente con los comerciantes. Nació cuando se promovió una reubicación sin asegurar el cierre jurídico, financiero y administrativo correspondiente.

La Municipalidad gestionó, prometió, participó y luego dejó que el asunto se empantanara. Hoy, los comerciantes enfrentan el costo directo de esa omisión.

La pregunta de fondo es dura, pero necesaria: ¿por qué quienes menos capacidad tienen para defenderse terminan pagando las consecuencias de un descuido institucional que se arrastra desde hace 25 años?

Mientras el recurso sigue su trámite, Puntarenas necesita algo más que una orden de desalojo. Necesita respuestas. Necesita saber qué pasó con la compra del terreno, qué hizo la Municipalidad después de solicitar el crédito al IFAM, por qué nunca se formalizó una solución y quién asume ahora la responsabilidad política y administrativa por este desenlace.

Porque una ciudad no puede construir futuro sobre promesas públicas que se abandonan en el camino.

Al cierre de edición de la nota consultamos a los representantes de la Municipalidad de Puntarenas, al señor Randall Chavarría, alcalde de este municipio, y a la presidenta del Concejo Municipal, Kerlin Molina, pero no obtuvimos respuesta alguna sobre este tema.