Crisis en las calles: Piden al Estado medidas prioritarias para la población sin hogar

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El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS) se muestran preocupados por la condición que viven actualmente las personas en situación de calle en el país y además que en ocho años se duplicó la magnitud y las cifras oficiales podrían subestimar la realidad y también se le suma el riesgo de los fenómenos naturales, lo cual agrava la vulnerabilidad de quienes no tienen un techo digno.

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El COLTRAS insta a las autoridades a dar especial atención a este tema, el cual, a su criterio, se trata de una emergencia nacional. En ese sentido, el órgano colegiado hace un llamado al Estado costarricense a atender esta situación con un enfoque de derechos humanos, integral y sostenido en el tiempo.

Según estimaciones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al mes de setiembre de 2025, 7.133 personas vivían en las calles, mientras la cifra en el año 2018 era de 3.700. Es decir, la población en esta situación casi se duplicó en ocho años, un fenómeno que se agravó tras la pandemia y que hoy se extiende a nuevos vecindarios de la capital.

Ante este panorama, el COLTRAS y diversas organizaciones que trabajan directamente con esta población, advierten que estas cifras oficiales subestiman la magnitud real del problema. En ese sentido, es necesario, además, tomar en cuenta el riesgo inmediato que representa la actual temporada de ondas tropicales para las personas habitantes de calle.

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Se trata de un momento que exige una atención pronta para estas personas que pernoctan a la intemperie, las condiciones climáticas actuales representan un riesgo directo para su vida e integridad: exposición prolongada a la lluvia y al frío, posibilidad de hipotermia, y mayor peligro para quienes buscan refugio cerca de ríos, quebradas y sistemas de alcantarillado.

Lamentablemente, este deterioro ya ha derivado en hechos de violencia contra las propias personas en situación de calle y en un aumento de los riesgos para la salud pública y la seguridad de las comunidades, así como de comercios aledaños.

Recientemente, las autoridades municipales reconocieron públicamente que el problema excede la capacidad de los gobiernos locales y que requiere una respuesta coordinada a nivel nacional.

“La condición de las personas en situación de calle no puede tratarse únicamente como un problema de orden público, porque es, ante todo, una condición que compromete derechos humanos básicos como vivienda, salud, alimentación, integridad, dignidad, y que se agudiza en cada episodio de lluvias intensas”, subraya la Dra. Mariangel Sánchez Alvarado, de la Unidad de Investigación del Colegio de Trabajadores Sociales.

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“Se trata de abordar esta realidad desde un enfoque de derechos humanos, no punitivo ni estigmatizante, que priorice salud, vivienda y la inclusión social”, enfatiza Sánchez.

Para el Colegio de Trabajadores Sociales, es igualmente importante que las organizaciones sociales y comunitarias con experiencia en el trabajo de calle, sean parte activa de esta respuesta, sumado al respaldo estatal con recursos suficientes y estables para el IMAS, CCSS, Comisión Nacional de Emergencias, el IAFA y las municipalidades, de modo que los recortes presupuestarios no debiliten justamente los servicios que esta población requiere.