Alerta en la acera legislativa: Las decisiones del oficialismo que ponen en jaque la salud y las pensiones

En una conferencia de prensa realizada el día de hoy por la Fracción Legislativa de Liberación Nacional se abordó el tema de la elección de los magistrados suplentes, en donde el día de ayer se realizó la votación y obtuvo un resultado negativo por parte del oficialismo.

Lo que está en juego no es un nombramiento más. Lo que está en juego es que miles de costarricenses se quedan sin quien los defienda cuando el Estado le niega un medicamento, una pensión, una beca, una vivienda o el acceso a la justicia.

La Sala Constitucional no defiende a los partidos ni a los poderes. Defiende a la madre que necesita un tratamiento urgente para su hijo y no tiene más dónde acudir. Defiende al adulto mayor que lleva meses esperando el reconocimiento de su pensión. Defiende a la familia que reclama una solución habitacional digna. Defiende al estudiante que depende de una beca o al paciente que requiere un medicamento de alto costo que el Estado se niega a cubrir.

Al negarse sistemáticamente a elegir los suplentes, el oficialismo está asumiendo una responsabilidad directa sobre lo que pueda ocurrir. No se trata de un error ni de una diferencia de criterio. Se trata de una decisión política y nefasta que ha impedido, una y otra vez, que la Sala pueda operar con normalidad.

Si la Sala Constitucional se ve obligada a reducir su funcionamiento o, en el peor de los casos, a paralizarse, las consecuencias no las pagarán los diputados ni los partidos. Las pagarán las personas comunes que hoy dependen de ese tribunal para que se respeten sus derechos más básicos.

Esa es la realidad que el oficialismo parece dispuesto a ignorar.

La Fracción Legislativa del PLN ha insistido en la urgencia de completar estos nombramientos. La responsabilidad de que esto no haya ocurrido recae exclusivamente en quienes han optado por el bloqueo.

Costa Rica no puede permitirse que los derechos de su gente queden atrapados en una disputa política. Los costarricenses merecen una Sala Constitucional que funcione. Y merecen que quienes tienen la obligación de garantizar cumplan con su deber antes de que sea demasiado tarde.