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Costa Rica ante el gran reto de supervisar actividades no financieras para prevenir el lavado de dinero y el terrorismo

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  • Abogados, contadores, prestamistas, agentes de bienes raíces, joyerías, casas de empeño son los nuevos sujetos obligados a reportar actividades sospechosas para cumplir estándares de la OCDE.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas reporta 718 actividades sospechosas por año que representan un total de ¢222 mil millones de colones, en el 2022.

Bajo el lema “La era del compliance digital”, alrededor de 300 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado; analizaron en Costa Rica, los grandes retos de América Latina y los crecientes delitos financieros como el lavado de activos, la corrupción y los ciberataques; durante el “World Compliance Forum”.

“Estamos ante una realidad donde nuevas y novedosas formas de delitos financieros tienen cabida en la región, de ahí la importancia de que existan profesionales formados y especializados en el tema. Concluimos este foro sumamente complacido por el nivel de participantes, por los datos surgidos, por los retos planteados y sobre todo, por los contactos para aprender de experiencias positivas entre sí y realizar un trabajo conjunto contra las finanzas criminales y la corrupción”, comentó José Quesada, presidente de la Fundación para el Estudio de Lavado de Dinero (FELADE), entidad organizadora del evento en conjunto con la Universidad para la Paz.

Un oficial de cumplimiento es el responsable de asegurar que se ejecuten los programas y procedimientos internos en materia de legitimación de capitales, con el fin de velar por el respeto de la legislación y normativa existente. En Costa Rica se estima que existen alrededor de 10,500 oficiales de cumplimiento.

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El gran reto de Costa Rica

En el marco de este evento, Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD); comentó que uno de los grandes retos del país es supervisar a los nuevos sujetos obligados a reportar actividades sospechosas y cumplir con los estándares internacionales para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dictados por la GAFI – Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales de la OCDE–.

Recordó que, por las leyes costarricenses, ahora son nuevos sujetos obligados a reportar actividades sospechosas “abogados, contadores, agentes de bienes raíces, prestamistas, vendedores de metales y piedras preciosas (joyas) y casas de empeño”.

Chavarría agregó que el cumplimiento de estas actividades “tiene que ver con la debida diligencia, con conocer al cliente, el origen de los fondos, reportar operaciones sospechosas, entre otras; para lo cual, la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha generado una plataforma gratuita para hacer los reportes y se ponen a disposición de los sujetos obligados listados de riesgo nacional e internacional”.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, 2022 registró 718 actividades sospechosas, las cuales representan más de ¢222 mil millones. 

De ese total de casos sospechosos, el ICD envió al Ministerio Público 290 informes para el debido proceso de confirmación del delito. Para esto la autoridad judicial debe iniciar sus valoraciones pertinentes para determinar la ilicitud.

Retos para las Américas

Algunas de las ideas fuerza, analizadas por el Rector de la Universidad Para la Paz, Francisco Rojas, Celina Realuyo, Experta en The Global Initiative Against Transnational Organized Crime y Mauricio Viera, director Cátedra de Comercio Ilícito Trasnacional de la UPaz.

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  • Pese a no existir una guerra, América Latina es la región más violenta del mundo.

 

  • Durante la pandemia COVID19, las nuevas tecnologías aceleraron las actividades ilícitas digitales en 10 años.

 

  • Ahora los jóvenes piden las drogas por medio del celular, con emojis.

 

  • 110 mil personas murieron en un año por nuevas drogas en los Estados Unidos.

 

  • La cooperación internacional es la mejor manera de enfrentar el crimen global.

 

  • La educación es la mejor forma de generar resiliencia y reforzar la presencia del Estado en comunidades históricamente llamadas pequeñas u olvidades.

 

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“Si tenemos que definir tres amenazas sustantivas para el mundo son: el cambio climático, la guerra en Europa, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional que produce muerte, destrucción económica y afecta al conjunto de la sociedad”, comentó el Rector de la UPaz.

Finalmente, Realuyo analizó los 5 pilares de la política de la Administración Biden para combatir la corrupción y trabajar de forma conjunta con países latinoamericanos:

 

  1. Modernizar, coordinar y dotar de recursos los esfuerzos del Gobierno estadounidense para combatir la corrupción.

 

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  1. Frenar las finanzas ilícitas.

 

  1. Responsabilizar a los actores corruptos.

 

  1. Fortalecer la arquitectura multilateral contra la corrupción.

 

  1. Mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior para lograr los objetivos de la política anticorrupción.

 

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