Sector pesquero no llegó a un acuerdo con el gobierno
Representantes del sector pesquero salieron muy molestos luego de la reunión que sostuvieron en Zapote con el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Declaran que, después de 13 meses de estar en negociaciones, esperaban que el Gobierno le presentara soluciones concretas al sector este miércoles, sin embargo, las medidas volvieron a brillar por su ausencia.
Al término del encuentro con el mandatario Carlos Alvarado, los pescadores alegaron que se iban defraudados y le dieron tres meses al presidente para resolver sus reclamos o, de lo contrario, no lo dejarán entrar a Puntarenas el 30 de setiembre cuando el Consejo de Gobierno sesiona en el cantón central de esta provincia.
“Si él quiere ir al Puerto hay tres meses para que nos resuelva los problemas, porque la gente está tan enojada que estamos en la consideración de que no vamos a dejar entrar al presidente a Puntarenas”, señaló Jorge Barrantes, presidente de la Cámara de Puntarenas.
Los pescadores exigen al gobierno tres cosas: exoneración del IVA para sus productos, revisión de balizas y licencias para unos 600 pescadores artesanales.
En declaraciones a la prensa, ambas partes dejaron ver que no alcanzaron un acuerdo básicamente por el primer punto, el del impuesto sobre el valor agregado (IVA), del 13%.
Nos recibió el presidente, pero no hay soluciones, siempre nos dicen lo mismo, de que vamos a trabajar, de que estamos de puertas abiertas y dispuestos al diálogo, pero lo que ocupamos son soluciones”, agregaron.
Los pescadores exigen que sean incluidos en la canasta básica productos como el bolillo, la corvina y el pargo, los cuales se venden en filetes, lo que bajaría el IVA a un 1%.
“Es un derecho nuestro que nuestro producto pueda ser vendido en partes al consumidor nacional”, afirmó Mauricio González.
El ministro de Agricultura, Renato Alvarado, alegó que el gobierno les planteó apertura para una revisión del tema y ver si es posible incluir algunos productos en la canasta básica, quizá mediante una reforma legal sobre nutrición y buena alimentación que plantearían a la Asamblea Legislativa.
