Violencia patrimonial en la vejez: la Defensoría advierte vacíos en la protección estatal

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras concluir una investigación de oficio que permitió identificar oportunidades de mejora en la respuesta institucional para la atención de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.

Aunque la investigación determinó que, en el caso analizado, no fue posible acreditar la existencia de violencia psicológica o patrimonial contra una persona adulta mayor, la Defensoría identificó importantes vacíos institucionales relacionados con la prevención, detección y atención de la violencia, particularmente la violencia patrimonial, una de las manifestaciones más difíciles de identificar y denunciar.

Durante la investigación se constató que el CONAPAM aún no cuenta con protocolos institucionales específicos para la atención de todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores y que enfrenta limitaciones significativas de recursos humanos, presupuestarios e infraestructura para atender esta población.

Asimismo, la Defensoría determinó que, si bien la CCSS dispone de diversos lineamientos para la atención de personas víctimas de violencia, estos se concentran principalmente en la violencia física y sexual, sin incorporar de manera expresa la violencia patrimonial como una forma de violencia que requiere mecanismos claros de detección, referencia y articulación interinstitucional.

Es por esta situación, que la Defensoría de los Habitantes le recomendó al CONAPAM dar continuidad al proceso de elaboración y oficialización de lineamientos institucionales para la atención de situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo expresamente la violencia patrimonial. Asimismo, informar sobre el estado de avance, la fecha estimada de entrada en vigencia y el modelo previsto para su capacitación y divulgación.

Además, alinear y oficializar los procedimientos internos para la atención de requerimientos judiciales derivados de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia de Costa Rica, de manera que se establezcan rutas claras de actuación y derivación de casos. Igualmente, remitir el cronograma de actividades para su implementación, así como el mecanismo definido para su capacitación y divulgación.

A la CCSS se le recomendó incorporar, en los lineamientos institucionales vigentes o en proceso de actualización, disposiciones específicas para el abordaje de la violencia patrimonial contra personas adultas mayores en cualquier atención médica, evidenciando un fortalecimiento en la articulación y coordinación formal entre la CCSS, el CONAPAM, el Poder Judicial y demás instancias competentes.

También deberá establecer un programa permanente de capacitación dirigido al personal institucional, orientado a la atención integral de las personas adultas mayores, que incluya el abordaje de la violencia en todas sus manifestaciones desde un enfoque de derechos humanos y envejecimiento digno, lo anterior en consonancia con los lineamientos institucionales implementados para tales efectos.