Costa Rica potencia la lucha contra la violencia de género con nueva herramienta estadística
• Este informe busca orientar las intervenciones públicas a nivel local, así como dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones estatales.
La violencia de género sigue siendo un problema a nivel nacional y gracias al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), en colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) se dio a conocer el Índice Cantonal de Violencia contra las Mujeres (ICVM) 2022, una herramienta necesaria para hacer un análisis y combatir la violencia de género desde los territorios.
Desde el año 2019, el ICVM ha sido producto de un esfuerzo interinstitucional que analiza registros administrativos de diversas entidades públicas como el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Justicia y Paz, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el INAMU. Esta articulación ha permitido generar datos confiables, desagregados y actualizados, los cuales se convierten en insumos clave para la formulación y evaluación de políticas públicas más justas, oportunas y eficaces.
El índice clasifica a los 84 cantones del país en tres dimensiones de violencia: social, sexual y contra la vida, permitiendo a las instituciones públicas orientar sus esfuerzos y recursos hacia los territorios con más condiciones de vulnerabilidad.
Entre los principales hallazgos del ICVM 2022, se destaca que los cantones con las condiciones más bajas de violencia contra las mujeres son Barva, Flores, Santa Bárbara, Palmares y San Mateo. Por otro lado, los cinco cantones con las condiciones más desafiantes de esta temática son Talamanca, Garabito, Tilarán, Corredores y Liberia.
El índice también revela que, en la dimensión social, cantones como León Cortés, Alvarado y Sarchí presentan bajos registros de violencia, mientras que Corredores, San José y Quepos se ubican entre los más altos. En la dimensión sexual, los registros más bajos se presentan en San Mateo, San Rafael y Escazú, en contraste con Talamanca, Tilarán y Bagaces, que muestran condiciones críticas. Finalmente, en la dimensión contra la vida, Dota, San Pablo y Flores reflejan los niveles más bajos, mientras que Turrubares, Liberia y Montes de Oro presentan los más altos.
Todo este estudio refleja el creciente compromiso de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres por fortalecer sus registros administrativos y generar información basada en evidencia científica, lo cual mejora sustancialmente la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva.
«Esperamos que el esfuerzo generado tanto entre el INAMU como este ministerio pueda ser valorado para dinamizar acciones en favor de la seguridad de todas las mujeres y de la población en general del país. Esto porque la violencia que sufren las mujeres víctimas no es independiente del nivel país de desarrollo humano, social, económico, tecnológico o ambiental de las comunidades del país’’, expresó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Marta Esquivel Rodríguez.
Por su parte, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, recalcó que “este índice nos permite actuar con más decisión y justicia territorial. La violencia contra las mujeres no es un problema individual, es estructural y exige respuestas urgentes desde lo local”.
La ministra Quesada también destacó que esta información valida la ruta de acción del INAMU, en especial la expansión territorial a través de los Puntos Violeta, que ya han brindado atención a más de 5400 mujeres en 32 cantones. “La presencia institucional en el territorio salva vidas”, subrayó, reiterando el compromiso del Gobierno por fortalecer la articulación con los gobiernos locales y cerrar brechas de desigualdad.
Con la actualización anual del ICVM, el Gobierno actúa con responsabilidad, transparencia y enfoque territorial en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, con el firme propósito de garantizar su seguridad, dignidad y desarrollo integral.
Por otro lado, en cumplimiento con los compromisos internacionales, también responde al llamado de la Convención Interamericana de Belém do Pará; además, se alinea con los objetivos de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI) 2017-2032.
