Consumo de cannabis en Costa Rica sube un 2,2% en siete años a pesar de su prohibición
Por: Fabricio Alfredo Obando Chan, periodista
En Costa Rica, el consumo de cannabis aumentó en un 2,2% en siete años, según una investigación realizada por la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), bajo el título: “Desafíos de la legalización del cannabis con fines recreativos – Proyecto de Ley Expediente 23.383”.
La iniciativa de ley, denominada “Ley de Control y Regulación del Cannabis para Uso Recreativo”, fue presentada en octubre de 2022 por el gobierno actual y busca regular el cultivo, producción y consumo de cannabis psicoactivo en adultos, con controles estatales para reducir el mercado ilegal. Aunque ha generado debate en la Asamblea Legislativa y en la sociedad costarricense, enfrenta oposición y cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
El estudio, cuyos datos fueron recopilados entre 2015 y 2022, muestra que, pese a las leyes prohibicionistas, el acceso y uso de esta sustancia continúa creciendo. Además, señala que la mayoría de los decomisos realizados por la Fuerza Pública corresponden a cantidades mínimas asociadas al consumo personal.
La investigación, elaborada por el profesor e investigador Roberto Salas Sánchez, señala que el 19,9% de la población ha consumido cannabis alguna vez en la vida y que el 4,4% lo hizo en el último mes, cifras que evidencian un aumento sostenido en los hábitos de consumo. Asimismo, el 73,7% de los decomisos de marihuana corresponden a cantidades de entre 0,01 y 1 gramo, lo que refleja que la intervención policial se concentra en consumidores y no en grandes traficantes.
“El análisis de los datos muestra que la criminalización afecta principalmente a personas consumidoras, mientras que el mercado ilegal sigue activo y en crecimiento, lo que obliga a repensar las políticas públicas desde un enfoque de salud y derechos humanos”, afirmó Salas Sánchez.
La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, subrayó la importancia de promover un debate nacional informado, sustentado en evidencia científica y alejado de estereotipos o valoraciones subjetivas, incorporando el análisis de las experiencias de países que han regulado el consumo de marihuana.
Señaló que, en estos contextos, la regulación no garantiza una disminución de la violencia (debido a la persistencia del tráfico de otras drogas); sin embargo, sí permite generar nuevos ingresos al Estado. Estos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender las secuelas de las adicciones, la salud pública y la violencia, así como al incremento de recursos policiales orientados a la prevención y represión del crimen organizado.
Asimismo, indicó que la regulación puede contribuir a garantizar a las personas consumidoras la calidad y composición del producto, reduciendo los riesgos asociados a su adulteración por parte de organizaciones criminales que buscan aumentar la dependencia, como se ha documentado en contextos donde se han identificado mezclas con sustancias altamente adictivas como el fentanilo.
Otros hallazgos relevantes
- Atención por consumo problemático: En 2023, las ONG autorizadas por el IAFA atendieron a 2.705 personas por consumo problemático de sustancias; solo el 9,6% correspondió a cannabis, frente al 45% relacionado con alcohol.
- Incidentes reportados: El sistema de emergencias 9-1-1 registró más de 2.000 llamadas mensuales vinculadas a incidentes por drogas, lo que equivale a un promedio de 74 reportes diarios.
- Población estudiantil: La Encuesta Nacional en población de secundaria (2021) mostró una incidencia anual de consumo de cannabis de 2,9%, con mayor prevalencia en hombres y en estudiantes de grados superiores, alcanzando un 8,8% en duodécimo año.
- Percepción ciudadana: El 74,9% de la población rechaza el libre acceso recreativo al cannabis, aunque existe mayor aceptación en usos médicos (64,3%) y científicos (61,1%).
Salas Sánchez destacó que estos hallazgos confirman que el consumo de cannabis es una realidad creciente en Costa Rica y que las medidas prohibicionistas no han logrado detener ni el acceso ni la expansión de esta sustancia. La investigación concluye que es necesario abrir un debate nacional informado, que considere experiencias internacionales y que se base en un enfoque de reducción de riesgos y daños, con políticas de salud pública y respeto a los derechos humanos.
