La crisis de la enfermedad renal crónica (ERC) continúa cobrando vidas a edades tempranas en las zonas rurales de Costa Rica. Mientras la esperanza de vida nacional supera los 80 años, en territorios como Guanacaste, la zona sur de Puntarenas y la zona norte de Alajuela se dibuja una realidad distinta: jóvenes entre los 20 y 40 años ven truncados sus proyectos de vida al enfrentar fallas renales terminales que exigen terapias de sustitución urgentes.

​Así lo advirtió Karol Matamoros, diputada y microbióloga del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, quien detalló los vacíos institucionales, los retos en la atención hospitalaria y las acciones legislativas que impulsa desde la Asamblea Legislativa para hacer frente a este problema de salud pública.

​Una problemática extendida más allá de Guanacaste

​Si bien la provincia guanacasteca ha sido catalogada históricamente como el epicentro de la nefropatía mesoamericana o enfermedad renal crónica no tradicional (ERCNT), la legisladora enfatizó que el fenómeno trasciende las fronteras provinciales.

​Ante esta situación, su despacho promovió una moción en la Comisión de Derechos Humanos para abrir un expediente de investigación sobre la ERCNT. Inicialmente concebida solo para Guanacaste, la propuesta fue ampliada a petición de otras fracciones para abarcar también la zona norte y la zona sur del país.

​»La salud es un derecho humano fundamental. No podemos permitir que nuestra juventud esté perdiendo sus riñones y muriendo en plena edad productiva sin una respuesta integral del Estado», señaló Matamoros a Puntarenas Se Oye.

​La magnitud de esta crisis sanitaria queda al descubierto en los registros oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre 2022 y 2026. Los indicadores institucionales confirman una persistente presión sobre los servicios de salud con miles de egresos hospitalarios y decenas de miles de consultas externas, evidenciando además que los hombres y los adultos mayores concentran la mayor carga de afectación por esta enfermedad.

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Riesgo laboral y el freno presupuestario a la prevención

​Entre los proyectos en cartera destaca una iniciativa de ley para declarar la ERCNT como enfermedad de riesgo laboral. El objetivo es que los costos de estos casos sean asumidos por el Instituto Nacional de Seguros (INS), mientras los pacientes continúan recibiendo su tratamiento especializado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entidad que centraliza los programas de investigación y atención médica.

​Sin embargo, el camino hacia la prevención enfrenta obstáculos presupuestarios. La legisladora denunció que el programa ECUS (Educación Comunitaria) del Ministerio de Salud en la Región Chorotega —enfocado en el autocuidado y en la concientización de los empleadores agrícolas sobre las condiciones de resguardo de los trabajadores en el campo— fue desarticulado para este 2026 por falta de presupuesto.

​Ante la falta de datos oficiales publicados recientemente, la investigación legislativa buscará citar en audiencia a instituciones clave como el Ministerio de Salud, la CCSS, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación Pública (MEP), con el fin de reactivar los programas educativos y exigir medidas preventivas reales.

​Desafíos en la atención hospitalaria y la lista de espera para trasplantes

​En el plano asistencial, el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño (en Liberia) y el CAIS de Cañas cuentan con modernas unidades de terapia renal y diálisis peritoneal que han mejorado la capacidad de captación. No obstante, las autoridades médicas alertan sobre un fenómeno preocupante: cada vez se detectan más casos en estados tardíos e irreversibles, lo que evidencia que la atención clínica por sí sola es insuficiente si no va acompañada de campañas preventivas agresivas.

​A esto se suma la complejidad en el acceso a trasplantes renales. Al no existir un departamento especializado en trasplantes en la región chorotega, los pacientes deben ser remitidos al Hospital México, un centro médico que enfrenta una alta saturación.

​Asimismo, la diputada señaló que la dinámica actual de asignación de órganos donados responde a áreas de atracción hospitalaria donde los órganos disponibles en un centro se priorizan localmente y no estrictamente a una lista de espera unificada y nacional, un aspecto que considera necesario revisar mediante reformas a la ley de donación y trasplantes.

​A nivel cultural, enfatizó la urgencia de fomentar una cultura nacional de donación de órganos y sangre, equiparable al esfuerzo interinstitucional que se requiere entre la CCSS, el MEP y los medios de comunicación regionales para educar a la población sobre el cuido de la salud renal y la prevención de complicaciones asociadas a la diabetes y la hipertensión.