Pescar en la incertidumbre: El plan legislativo que pretende cambiar las reglas del juego en el Puerto

Puntarenas es una provincia que vive de la pesca y, frecuentemente, cuando empieza la prohibición, muchos pescadores se quedan sin alguna entrada económica para sobrevivir durante ese tiempo.

​Norjelens Lobo Vargas, diputada de la provincia de Puntarenas por el Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley que pretende apoyar a los pescadores y las pescadoras, quienes durante los meses de veda no tienen una fuente de ingresos para su familia.

​El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) entrega un subsidio económico a las familias que no pueden pescar durante la veda y que están en condición de pobreza. Esta iniciativa lo que hace es ampliar el beneficio al sector pesquero o a quienes tengan licencia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y que se vean afectados por la prohibición para pescar.

​“La veda es un periodo necesario para garantizar que las especies marinas se reproducen. De esta forma, se asegura que haya animales para pescar en el futuro y así poder continuar con la actividad”, expresó la diputada Lobo Vargas.

​“Sin embargo, no podemos negar que estos meses son muy difíciles para cientos de hogares que dependen de la pesca, principalmente en Puntarenas y Guanacaste”, añadió la legisladora.

​El proyecto se llama “Ley para garantizar la sostenibilidad social en los periodos de veda pesquera”. Lo que hace es reformar el artículo 36 de la Ley de Pesca y de Acuicultura, que data del año 2005.

​En Puntarenas, por ejemplo, de los 13 cantones que componen la provincia 8 tienen costa. Esto evidencia la importancia de la actividad pesquera para la zona.

​“La regulación actual excluye a pescadores que están debidamente registrados y autorizados y que no califican en los parámetros de pobreza, pero igualmente sufren una pérdida real e inmediata durante los periodos de veda”, señala la legisladora.

​La diputada hizo énfasis en que la iniciativa no solo atiende la visión social de esta problemática, sino que mantiene las regulaciones necesarias para proteger el medioambiente, para administrarlo de forma sostenible y haciendo un uso responsable de los recursos naturales.

​Este proyecto de ley se tramita bajo el expediente número 25.603.