Pescadores ilegales amenazan con envenenar el Golfo de Nicoya
«Si no hay pesca para nosotros, no habrá para nadie», con esas palabras un grupo de pescadores ilegales amenazan con envenenar con carburo las aguas del Golfo de Nicoya.
Los audios evidencian el conflicto diario que enfrentan los pescadores artesanales y las comunidades costeras contra actividades ilegales, tal como el uso de la práctica de encierro, la cual está prohibida en el Golfo de Nicoya.
La pesca de cerco o encierro consiste en la colocación de amplias redes de hasta 2 kilómetros, en las cuales se capturan todo tipo de especies que no son utilizadas en el comercio por ser muy pequeñas o muy jóvenes. Pargos, corvinas pequeñas, cangrejos, tortugas y sardinas son algunas de las especies más afectadas.
Desde MarViva comentaron que además de las amenazas, los conflictos ya han llegado a agresiones físicas. Lo más reciente fue el ataque de este grupo de ilegales a un pescador artesanal del Golfo, el cual fue agredido por varios hombres y terminó siendo atendido de emergencia. Este caso ya está en investigación por el cargo de tentativa de homicidio.
«Somos personas trabajadoras y estamos protegiendo nuestra fuente de ingreso, el mar. Nos han amenazado con lastimarnos a nosotros y a nuestras familias si denunciamos o interrumpimos su jornada de pesca, a este ritmo estamos a meses de quedarnos sin recursos», comentó un pescador de la zona, cuya identidad es protegida por seguridad.
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De acuerdo con el pescador, el grupo opera todos los días, alejándose únicamente cuando llegan guardacostas.
«Como toda organización criminal tienen puestos de vigilancia que los alertan cuando van los guardacostas en camino. Es lamentable que ese pescado ilegal se esté comercializando y que existan recibidores irresponsables que financian estás prácticas», agregó el pescador.
El encierro permite capturar muchos peces, de los cuales la mayoría se desechan por no alcanzar las tallas comerciales y eso impide la regeneración y repoblación de la especies en el Golfo, del cual dependen más de 2.600 pescadores artesanales, pertenecientes a 29 comunidades costeras.
«Además de los evidentes daños ambientales, también hay daños económicos y sociales que afectan a las comunidades que pescan de manera responsable. Es urgente que las autoridades de gobierno actúen de forma inmediata y coordinada para atender esta problemática», indicó Katherine Arroyo, gerente de Incidencia Política de MarViva.
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