Política

Destitución del Luis Amador por presuntas irregularidades en una contratación

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El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, ha tomado la decisión de destituir a Luis Amador Jiménez del cargo de ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Esta medida se ha tomado debido a un contrato por ¢21.000 millones que se sospecha fue diseñado a medida de la Constructora MECO. El presidente también ha anunciado que Mauricio Batalla Otárola, actual director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), asumirá como nuevo jerarca del MOPT.

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Razones de la destitución

El presidente Chaves ha explicado que la destitución de Amador y del director general de Aviación Civil, Fernando Naranjo, se debe a presuntas irregularidades en la contratación de la empresa constructora MECO para realizar reparaciones en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

Estas reparaciones eran necesarias a raíz de los daños causados por la tormenta Bonnie. El presidente ha señalado que hubo un aumento en el costo de la adjudicación debido a los términos de referencia que parecían favorecer a la empresa MECO.

El nuevo rumbo del MOPT

El presidente ha expresado su confianza en Mauricio Batalla para liderar el MOPT y ha enfatizado la importancia de evitar situaciones como las que ocurrieron bajo el liderazgo de Amador.

Batalla tendrá la tarea de desarrollar obras públicas sin irregularidades y garantizar la transparencia en los procesos de contratación. Además, una de las primeras acciones que deberá tomar es el despido del director general de Aviación Civil, Fernando Naranjo.

Asimismo, Batalla será responsable de iniciar el reclutamiento de los nuevos directores de Conavi y Aviación Civil.

Estos cargos son fundamentales para el buen funcionamiento del MOPT y para garantizar el cumplimiento de los objetivos en materia de infraestructura y transporte en el país.

El presidente Chaves ha comunicado la destitución de Amador por vía telefónica, ya que el exministro se encuentra en Canadá. Ha destacado que esta decisión es “lo mejor para el país” y que responde a una “responsabilidad política ineludible“.

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