Usuarios asumirán deuda millonaria del ICE por cambio en cálculo de tarifas

Una decisión tomada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), respaldada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), provocará que en el 2025 los usuarios del servicio eléctrico tengan que asumir un sobrecosto acumulado de ¢128.000 millones.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría publicado este lunes, donde se cuestiona duramente la modificación realizada a la metodología del Costo Variable de Generación (CVG).

El informe, titulado “Gestión y regulación de los recursos de generación eléctrica” (DFOE-SOS-IAD-00002-2025), revela que la modificación del mecanismo de cálculo del CVG de trimestral a anual ha tenido consecuencias financieras directas sobre el sistema eléctrico nacional, debilitando los principios de transparencia, eficiencia y equilibrio financiero en la fijación tarifaria.

Una metodología alterada y sus consecuencias

Desde el año 2012, el CVG ha sido la herramienta utilizada por la Aresep para reconocer al ICE los gastos derivados de la compra de combustibles fósiles (diésel y búnker) para generación térmica, así como los costos de importación de electricidad desde el Mercado Eléctrico Regional (MER). Esta fórmula también contempla la deducción de las ganancias obtenidas por exportaciones de energía.

Hasta noviembre de 2023, este cálculo se realizaba cada tres meses. No obstante, mediante la resolución RE-0106-JD-2023, y a solicitud del ICE, la Aresep aprobó modificar la periodicidad del cálculo a una única vez por año, alegando la conveniencia de mantener tarifas estables durante todo el calendario.

La decisión fue adoptada pese a las advertencias emitidas por la propia Intendencia de Energía de la Aresep, que alertó sobre los riesgos financieros y técnicos de alterar la naturaleza extraordinaria de esta metodología.

Entre los principales señalamientos estaba la pérdida de capacidad de ajuste ante factores externos, como la inflación, el tipo de cambio, los precios internacionales del petróleo o las condiciones climáticas que inciden directamente en la generación eléctrica nacional.

“La modificación del CVG y su Transitorio I han resultado en la acumulación de ¢128.000 millones a cancelarse en 2025, lo que incrementó en 36,5 puntos porcentuales el CVG de dicho año, impidiendo que la tarifa eléctrica fuera menor”, concluye el informe de la Contraloría.

Una “bola de nieve” en ascenso

Los efectos de esta decisión no tardaron en evidenciarse. Durante el año 2023 y los primeros meses del 2024, el país enfrentó una reducción en las lluvias provocada por el fenómeno de El Niño, lo cual aumentó considerablemente la dependencia de la generación térmica y las importaciones de electricidad.

A finales de mayo del 2024, la Aresep confirmó que el CVG había subido en un 43%, lo que se traduciría en un incremento tarifario de entre 15% y 20% a partir de enero de 2025, impactando directamente el bolsillo de miles de hogares y empresas costarricenses.

Según las proyecciones de los técnicos de Aresep, a inicios del próximo año se deberá reconocer al sistema de generación del ICE un total de ¢193.000 millones, una cifra que encendió las alarmas entre diversos sectores sociales, expertos en energía y sindicatos.

El contraste con las promesas del Gobierno

Sin embargo, en julio de 2024, tanto el presidente Rodrigo Chaves como el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, y el Regulador General, Eric Bogantes, aseguraron públicamente que no habría aumento en las tarifas eléctricas por concepto del CVG en 2025.

Según explicaron, una supuesta “gestión más sofisticada” de las finanzas y un análisis técnico demostraban que los costos no provocarían variaciones significativas.

Bogantes alegó que los cambios en los precios de los combustibles no serían tan severos, mientras que Acuña afirmó que se habían podido “diluir los pagos” a lo largo de un periodo más amplio.

No obstante, el informe de la Contraloría pone en duda esas afirmaciones al revelar que ni la Aresep ni el ICE han podido explicar con claridad cómo se financió un gasto adicional de ¢86.000 millones incurrido por concepto de CVG entre mayo y octubre de 2023, sin comprometer la salud financiera del sistema eléctrico.

Transitorio cuestionado

Para evitar trasladar todo el impacto del gasto a las tarifas de 2024, la Aresep aprobó una cláusula transitoria que permite dividir ese monto en dos partes: ¢43.000 millones serían asumidos en 2024 y los otros ¢43.000 millones en 2025.

Según la CGR, esta medida genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del servicio y la utilización de ingresos tarifarios que ya estaban destinados a otras necesidades operativas del ICE.

“Los ingresos tarifarios del ICE están destinados a necesidades específicas que podrían verse comprometidas al utilizarse para financiar, por un tiempo prolongado, gastos que excedieron los montos originalmente previstos”, advirtió el órgano contralor.

Incumplimiento de principios regulatorios

La CGR concluyó que la actual regulación tarifaria del CVG no garantiza la prestación del servicio al costo, ni asegura el equilibrio financiero, la eficacia ni la equidad entre usuarios y prestadores.

Por el contrario, la acumulación de costos y su traslado en forma diferida generan distorsiones tarifarias y afectan la confianza en el sistema.

Este informe se suma a una creciente lista de cuestionamientos que ha enfrentado el ICE en los últimos meses, particularmente por decisiones estratégicas que han tenido consecuencias económicas negativas para la institución y para los consumidores.