Preocupación en la Asamblea Legislativa por listas de espera de menores mientras CEN-CINAI devuelve 800 millones de colones

El debate por el manejo de los recursos públicos destinados a la niñez encendió los ánimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, un espacio clave donde se decide el futuro de los presupuestos del país y cuyo impacto se siente directamente en los cantones y comunidades de nuestra provincia de Puntarenas.

​Durante el análisis del Primer Presupuesto Extraordinario de la República para este 2026, los diputados recibieron a los representantes del Ministerio de Salud y de la Dirección Nacional de los CEN-CINAI. La comparecencia dejó al descubierto una fuerte contradicción que generó profunda preocupación entre los legisladores de oposición: la priorización del gasto administrativo y la existencia de miles de niños en espera de asistencia.

​La modificación presupuestaria original incluía una partida de 1.000 millones de colones destinados exclusivamente al alquiler de un edificio para reubicar las oficinas de la Dirección Nacional de los CEN-CINAI. Sin embargo, ante los cuestionamientos de la comisión por las prioridades del gasto, la directora nacional de la institución, María Marta Carballo, anunció que darán marcha atrás de manera parcial.

​»Perfectamente, para lo que nos resta del año nosotros podemos hacer la devolución de 800 millones de colones al FODESAF para ser utilizados en el IMAS», afirmó Carballo durante la sesión, confirmando que la millonaria suma regresará al fondo para programas sociales.

​Oposición reclama por 4.700 niños en lista de espera

​El anuncio, lejos de calmar las aguas, destapó duras críticas de los diputados de las bancadas de oposición. Los legisladores cuestionaron severamente que se formularan presupuestos tan elevados para el aparato administrativo mientras la capacidad instalada para atender a la niñez costera y del resto del país se encuentra congelada.

​Durante el debate se denunció formalmente la existencia de una directriz interna del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), fechada el pasado 16 de marzo de 2026, mediante la cual se ordenó expresamente a las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS) no autorizar la aprobación de casos nuevos ni por sustitución para los subsidios de cuido.

​»¿Cómo vamos a priorizar la parte administrativa sobre los niños? Entiendo que están hacinados… pero aquí la prioridad son los niños», reclamó uno de los integrantes de la comisión, quien recordó que actualmente existen más de 4.700 menores en listas de espera en el IMAS sin recibir la atención ni el cuidado que necesitan sus familias para poder salir a trabajar.

​La oposición calificó de «sorprendente» que el Poder Ejecutivo enviara un presupuesto con mil millones para un alquiler cuando, ante la primera presión política, la misma institución reconoce que puede devolver 800 millones de colones.

​Oficialismo pide «cambiar el chip» ante baja natalidad y envejecimiento

​Por su parte, la bancada oficialista salió a defender la necesidad de reestructurar el gasto social con una mirada de largo plazo. El diputado oficialista, Nogui Acosta, argumentó que la discusión de la política de cuido en Costa Rica debe dejar de planificarse pensando únicamente en la coyuntura actual y empezar a ajustarse a la realidad demográfica del país.

​Acosta enfatizó que Costa Rica enfrenta una crisis demográfica debido a que la tasa de natalidad actual cayó drásticamente a 1.12 hijos por mujer. «Queremos dejar escrito en piedra la posibilidad de recibir recursos y yo creo que ese análisis no se está haciendo», señaló el legislador.

​Asimismo, el diputado llamó la atención sobre los retos del pacto social costarricense de cara a las próximas décadas: «En el 2050 el 20% de la población va a ser mayor de 65 años y más o menos el 40% no tiene ningún tipo de pensión. Entonces yo creo que vamos a tener que empezar a cambiar un poco el chip de lo que es hoy y lo que es el mañana», concluyó Acosta.