Costa Rica frente a su década más violenta: Diputada Alejandra Larios presenta reforma legal ante auge de armas y homicidios
San José – En un esfuerzo por frenar la escalada de violencia que atraviesa el país, la Asamblea Legislativa analiza un nuevo proyecto de ley presentado por la diputada Alejandra Larios Trejos, de la fracción del Partido Liberación Nacional. La iniciativa, tramitada bajo el expediente número 25533, busca endurecer el control sobre la transferencia de armas, sus piezas y municiones en un contexto crítico, donde Costa Rica registra la década más violenta de su historia reciente.
Cifras alarmantes: Un aumento del 84% en homicidios
Según datos de la Fundación para la Paz y la Democracia y el Organismo de Investigación Judicial, los homicidios dolosos en el país pasaron de 477 en 2014 a 878 en 2024, lo que representa un incremento del 84,1%. El año 2023 ya había marcado un récord con una tasa superior a los 17 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La proyección para el cierre de 2025 es igualmente sombría. Hasta octubre de este año se contabilizan casi 700 homicidios, y las autoridades advierten que se podría superar la barrera de las 900 víctimas anuales. San José lidera las estadísticas con 233 casos reportados.
El papel de las armas de fuego
El uso de armas de fuego en crímenes ha crecido significativamente. Mientras que en 2014 el 68,8% de los homicidios se cometía con estas armas, para 2024 la cifra subió al 77,9%. Especial preocupación genera el incremento en el decomiso de fusiles tipo AR-15 y otras armas automáticas utilizadas por el crimen organizado.
Las autoridades han detectado nuevas modalidades de tráfico ilícito, como el ensamblaje local mediante piezas camufladas en envíos postales, la fabricación parcial con impresoras 3D y el uso de piezas plásticas adquiridas en línea, lo que dificulta su rastreo. Además, se destaca que el 40% de las víctimas son hombres jóvenes de entre 18 y 29 años.
Fortalecimiento del control estatal
La reforma presentada por la legisladora Larios Trejos pretende actualizar la Ley de Armas y Explosivos para alinearla con estándares internacionales y el Tratado de Comercio de Armas. Entre los puntos clave de la iniciativa se encuentran:
- El control estricto de transferencias: Regulación de la exportación, importación, tránsito y corretaje.
- Trazabilidad: Obligatoriedad del marcaje de armas y el uso de Certificados de Destino Final para evitar desvíos al mercado ilícito.
- Prohibiciones específicas: Definición de «plataformas prohibidas», incluyendo armas automáticas y sistemas autónomos que seleccionan objetivos sin intervención humana.
La propuesta subraya la necesidad de armonizar los instrumentos internacionales con las leyes nacionales para mejorar la aplicación de controles, especialmente considerando que la mayoría de las armas inscritas recientemente pertenecen a personas físicas. Con esta reforma, se busca que el Estado recupere el control sobre el arsenal circulante y proteja la seguridad ciudadana frente al narcotráfico y el crimen organizado.
