Chaves promete recuperar la paz, pero homicidios marcan su administración como la más violenta

Durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, el presidente Rodrigo Chaves afirmó este lunes que su administración “no afloja ante el crimen” y que Costa Rica está “recuperando la paz”.

Sin embargo, las estadísticas oficiales retratan una realidad distinta: el país atraviesa el periodo más violento de su historia reciente bajo su mandato.

Desde que Chaves asumió la presidencia en mayo de 2022, Costa Rica ha acumulado más de 2.500 homicidios, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los tres años más sangrientos coinciden precisamente con su gestión: en 2022 se reportaron 661 asesinatos (448 después de su toma de poder), en 2023 la cifra se disparó a 907, y en 2024 se cerró con 880 homicidios. Tan solo en los primeros meses de 2025, ya se registran 306 asesinatos.

Críticas a la estrategia de seguridad

La gestión del Ejecutivo en materia de seguridad ha sido objeto de severas críticas.

Una de las decisiones más cuestionadas fue el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas desde Golfito hasta Pococí, un cantón sin acceso al mar, lo que contradice la lógica operativa de dicha institución.

Además, legisladores de oposición han advertido sobre un debilitamiento del Ministerio de Seguridad Pública, especialmente en su capacidad para enfrentar al crimen organizado.

Se ha señalado una supuesta disminución de la participación de unidades clave como la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) en operativos estratégicos.

Otro punto que ha generado controversia es el retiro de la PCD de muelles, aeropuertos y fronteras, funciones que fueron reasignadas a la Policía de Fronteras y al SVA.

Esta medida ha despertado dudas sobre la preparación técnica de estas entidades para asumir tareas tan delicadas.

Menos recursos para seguridad

A la par de estos cuestionamientos, también se ha denunciado una reducción en los recursos presupuestarios destinados a seguridad pública. Diversos sectores advierten que esta situación limita la respuesta del Estado ante el crecimiento de estructuras criminales.

Pese al panorama, Chaves mantiene su discurso de firmeza y asegura que su administración continúa decidida a recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.