30 años de la Ley 7600: La deuda histórica con la discapacidad que el empleo y el transporte público no

El pasado 29 de mayo, la Asamblea Legislativa se convirtió en el escenario de un balance agridulce. Al cumplirse exactamente tres décadas desde la promulgación de la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad), lo que debió ser una celebración institucional se transformó en un duro reclamo por las promesas incumplidas del Estado costarricense; una realidad que golpea con especial dureza a las regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), como la provincia de Puntarenas.

​El Salón de Jefes y Jefas de Estado de la República albergó un foro convocado por la diputada oficialista Cindy Blanco. Ahí, representantes de diversos sectores pusieron sobre la mesa las barreras que siguen truncando la calidad de vida de miles de ciudadanos: el desempleo estructural y un sistema de transporte público que vulnera diariamente su derecho a la libre movilidad.

​El empleo: Una ley de papel frente a la realidad de la exclusión

​Uno de los puntos más críticos discutidos por los panelistas fue la urgente necesidad de autonomía económica. Costa Rica cuenta con la Ley 8862, una normativa específica que obliga a reservar un 5% de las vacantes en el sector público para personas con discapacidad. Sin embargo, los pasillos del sector público cuentan otra historia.

​Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) expuestos en el foro, la tasa de desempleo abierto en esta población ronda el 8.7%. No obstante, los colectivos sociales recuerdan que la cifra de exclusión laboral real es mucho mayor si se toma en cuenta a quienes dependen del subempleo o la informalidad.

​»Desafortunadamente tenemos tasas en donde el índice de desempleo es muy alto… tenemos que trabajar muchísimo en la autonomía, brindarles herramientas e instrumentos para que las personas con discapacidad podamos tener mucha más autonomía», señalaron los participantes, haciendo un llamado para que tanto el sector público como el comercio local —supermercados, escuelas y empresas privadas— abran oportunidades reales de generación de ingresos sin distinción de edad.

​La crisis del transporte: Rampas dañadas y flotas irregulares en las regiones

​Para los habitantes de las zonas costeras y rurales, la falta de accesibilidad en los autobuses no es una simple incomodidad; es un factor de exclusión definitivo. En el foro se denunció que el cumplimiento de la ley en las flotas de autobuses sigue siendo alarmantemente irregular por parte de las empresas concesionarias.

​Las unidades de transporte público frecuentemente viajan con las rampas de acceso en mal estado o del todo inoperantes, lo que impide que las personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida puedan salir de sus comunidades para trabajar, estudiar o asistir a citas médicas. Esta deficiencia en la fiscalización del Consejo de Transporte Público (CTP) anula por completo el espíritu de la ley de 1996.

​¿Hacia dónde va el Congreso? La urgencia de una reforma integral

​Esteban Chaverri Valverde, funcionario del Instituto de Formación e Investigación Legislativa, fue claro en que los desafíos del 2026 requieren actualizar el marco jurídico actual. La Ley 7600 necesita ser armonizada con los nuevos convenios internacionales —como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— y adaptada a las necesidades modernas.

​Sin embargo, desde la perspectiva legislativa, cualquier intento de reforma que se asome por las comisiones del Congreso debe mantener una condición innegociable: la consulta estrecha con las bases. Chaverri recordó que la ley original de 1996 fue el resultado de una comisión mixta donde las organizaciones de personas con discapacidad redactaron el texto junto a los legisladores, un precedente que la actual Asamblea está obligada a replicar si busca crear un texto legislativo verdaderamente inclusivo.