La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó ampliar por seis meses más la declaratoria de emergencia institucional ante la constante renuncia de médicos especialistas cuyo ingreso se ubica por debajo del salario global. La medida regirá hasta el 4 de febrero de 2027 inclusive.

​La presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor Hernández, explicó que la continuidad de esta medida responde a razones de interés público para salvaguardar la atención médica.

​«Reconocemos que garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de la CCSS es un deber, como mandato constitucional, de preservar el derecho fundamental a la salud. Atender a la población de manera ininterrumpida es nuestra prioridad y trabajamos continuamente para garantizar el acceso a la misma desde cualquier rincón del país”, afirmó la jerarca.

​Por su parte, el doctor Marvin Palma Lostalo, gerente médico de la CCSS, detalló que se ejecutará un plan estratégico de respuesta enfocado en optimizar la capacidad operativa, la atención especializada y las redes de apoyo.

​“Esto nos garantiza la continuidad de aquellas medidas extraordinarias indispensables y, además, establecer las responsabilidades de ejecución, seguimiento, control y evaluación en el marco de la atención especializada”, añadió Palma.

​Las 7 claves del plan de respuesta institucional

​Para contener el impacto en los servicios, la institución aplicará siete líneas de acción prioritarias:

​Reforzamiento de guardias y disponibilidades: Cobertura de especialistas 24/7 en centros clave.

​Ampliación de horarios en Áreas de Salud: Despresurización de las urgencias en los hospitales nacionales.

​Gestión eficiente de camas: Optimización del recurso hospitalario disponible.

​Atención diferida de urgencias: Priorización estricta de casos de alta complejidad e intervención inmediata.

​Teleconsulta y teleorientación: Uso de plataformas tecnológicas para agilizar tiempos de atención y consulta especializada.

​Nodo obstétrico/neonatal: Atención integral y de alta complejidad para la madre y el recién nacido.

​Centro de Traslados Institucional (CTI): Coordinación logística para el flujo oportuno de pacientes entre redes de salud.

​La Junta Directiva encomendó la ejecución de este plan a la Gerencia Médica, la Gerencia Administrativa, la Gerencia Financiera, la Dirección de Red de Servicios de Salud, la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) y el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED). Asimismo, la Gerencia Médica deberá presentar un informe integral de resultados en un plazo no mayor a seis meses.

​Radiografía local: El impacto en las áreas de salud de Puntarenas

​Esta crisis no solo golpea a los grandes hospitales; sus efectos se sienten con fuerza en el primer nivel de atención (EBAIS y Áreas de Salud), impactando de forma directa la cotidianeidad de los usuarios.

​Un análisis de los datos institucionales revela dos caras del mismo problema en la provincia:

​San Rafael de Puntarenas: La saturación es generalizada. El tiempo promedio de espera se sitúa en 93,3 días —superando el umbral crítico de los 90 días— y casi 1 de cada 5 pacientes se encuentra en condición de espera prolongada.

​Barranca: Aunque el promedio general es menor (82,4 días), registra el caso más severo de la comparativa: un usuario con 363 días a la espera de atención.

​Esta brecha evidencia dos dinámicas distintas: mientras en San Rafael el problema responde a una sobrecarga sistémica de capacidad, en Barranca refleja un cuello de botella provocado por la escasez crítica de oferta en especialidades muy específicas. Cuando el primer nivel de atención carece del especialista requerido, la presión se traslada hacia arriba en la red asistencial, sobrecargando al Hospital Monseñor Sanabria.

​Postura legislativa: «Es una emergencia de papel»

​La decisión de la Junta Directiva generó inmediatas reacciones en la Asamblea Legislativa. En declaraciones exclusivas para Puntarenas Se Oye, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí, cuestionó duramente la efectividad de la medida:

​«La Junta Directiva de la Caja —sancionando bajo la figura de funcionario de hecho, y esto quiero aclarárselo a todos los puntarenenses, debido a la negativa del Poder Ejecutivo de nombrar a quien los sindicatos enviaron para la representación sindical— ha decidido extender por seis meses más la declaratoria de emergencia institucional por la falta de especialistas. El tema es que es una declaratoria de emergencia que no hace nada para retenerlos. No hay manera de que comprendan que, mientras la Caja Costarricense de Seguro Social no sea competitiva y no ofrezca mejores condiciones laborales y salariales a los médicos especialistas, la fuga va a continuar.

​Entonces, es una emergencia de papel la que tenemos. ¿A dónde tiene que estar la solución aquí? La solución radica en que la Junta Directiva comprenda que la institución no debe estar involucrada en los alcances ni de la Ley 9635 ni de la Ley Marco de Empleo Público, porque esas dos leyes, nefastas y regresivas, tienen a la Caja atada de manos para tomar soluciones verdaderas que hagan llamativo nuevamente, para los médicos especialistas, laborar en la Caja Costarricense de Seguro Social».

​Nota de la redacción: Al cierre de esta edición, se intentó obtener la posición de la diputada por Guanacaste, Karol Matamoros, pero no se obtuvo respuesta a nuestras solicitudes.