Alcalde de Garabito vuelve a Punta Leona tras vencerse plazo
¿Privatización o propiedad privada? Se tensa disputa por acceso a Playa Blanca
La tensión entre el Hotel Punta Leona y la Municipalidad de Garabito se mantiene, luego de que este jueves 10 de julio, el alcalde Francisco González se presentara nuevamente en las instalaciones del complejo turístico, tras vencer el plazo de ocho días que otorgó para verificar presuntas invasiones a la zona pública.
Durante su visita, González afirmó que el Tribunal de Casación Penal y la Sala Constitucional ya se han pronunciado sobre la necesidad de garantizar el acceso libre a las playas y que se espera que el hotel retire “por buena voluntad” la aguja ubicada en la entrada principal del recinto.
“Yo esperaría que ellos la quiten obedeciendo lo resuelto. Daremos también unos días para que la retiren, porque es un equipo caro que podrían aprovechar en otro lugar; no queremos destruirlo”, expresó el alcalde.
Espacio público aprovechable
González indicó que si se confirma que parte de las construcciones —como una batería de baños o una calle— se encuentran en zona pública, podrían ser reutilizadas para beneficio común.
“Todo lo que esté en el área pública, si creemos que es aprovechable, hay que aprovecharlo”, dijo, al tiempo que advirtió que si no se acata lo establecido por la ley, él mismo podría enfrentar consecuencias legales por omisión.
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“Si no hacen caso, nos va a corresponder actuar. Porque si no, el que va a ser condenado de dos a seis años de prisión soy yo. Así se les dijo a los anteriores alcaldes”, sentenció.
Hotel sigue en silencio tras medida cautelar
En el sitio, el becario público Steven Esquivel entregó copias de dos medidas cautelares dictadas por tribunales contencioso-administrativos, que favorecen a los propietarios de la finca e impiden temporalmente que el gobierno local derribe la aguja o abra caminos por la fuerza.
La administración de Punta Leona Beach Club & Nature Resort aún no ha emitido un nuevo pronunciamiento oficial desde su último comunicado, en el que advirtieron sobre posibles acciones legales si el municipio insistía en intervenir sus propiedades sin un proceso administrativo válido.
Contexto del conflicto
La disputa inició el pasado 2 de julio, cuando el alcalde González visitó el lugar con el objetivo de ingresar a un área presuntamente dentro de la zona marítimo-terrestre, amparado en la Ley 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la línea de pleamar deben ser públicos y de libre acceso.
El municipio asegura que en la zona existen construcciones —como una calle o una aguja de ingreso— que podrían haberse desarrollado sin permiso y en terreno público, por lo que se procedió a la inspección y se otorgó un plazo para que el hotel realizara los ajustes.
No obstante, la administración del hotel sostiene que todas las edificaciones están dentro de propiedad privada debidamente registrada y que desde mayo han entregado documentación técnica a la municipalidad sin obtener respuesta formal.
“No existe declaratoria de interés público ni proceso de expropiación. La entrada está en una propiedad privada, con múltiples dueños, y el acceso público a Playa Blanca está garantizado”, dijo un vocero del complejo.
Lo que viene
El Tribunal Contencioso Administrativo ha ordenado a la Municipalidad abstenerse de realizar actos materiales que impliquen derribar la aguja o abrir caminos, mientras se analiza el fondo del litigio. El municipio deberá responder por escrito a los cuestionamientos legales en los próximos días.
