Proyecto de Ley 23.414: El choque entre la apertura del mercado eléctrico y la autonomía histórica del ICE

​​El expediente legislativo 23.414, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», ha encendido el debate político y jurídico en Costa Rica. Mientras el Poder Ejecutivo y las cooperativas regionales como Coopeguanacaste, Coope Alfaro Ruiz y otros generadores de electricidad defienden la propuesta como una vía necesaria para romper el monopolio de exportación y dinamizar las tarifas, sectores sociales y técnicos alertan sobre un posible debilitamiento financiero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y roces directos con la autonomía administrativa que le garantiza la Constitución Política.

​Fortalecer a las empresas públicas

​Erick Rojas, presidente de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), mencionó que, aunque el proyecto de armonización elimina algunas limitaciones, en la cámara consideran que aún es insuficiente. Según Rojas, se requiere un régimen de contratación ágil, autónomo y funcionalmente adecuado para las empresas públicas en su condición de agentes del Mercado Eléctrico Nacional.

​Asimismo, el jerarca de CEDET agregó: «En los últimos días hemos sostenido acercamientos con diputados, quienes han mostrado apertura y compromiso para impulsar las reformas necesarias». Estas modificaciones beneficiarían especialmente a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

​Beneficios para los usuarios

​CEDET destacó que el proyecto incorpora medidas concretas orientadas a proteger a los usuarios y fortalecer la transparencia del sistema eléctrico nacional. La iniciativa permitiría una mayor eficiencia en la contratación de energía y fomentaría el desarrollo de fuentes renovables, en línea con los objetivos nacionales de descarbonización.

​La Cámara recordó, además, que el país requerirá importantes inversiones y nueva capacidad de generación eléctrica para atender la creciente demanda energética de los próximos años, especialmente ante el avance de la movilidad eléctrica y la electrificación de la economía.

​UCAEP insta al Congreso: “Costa Rica no puede darse el lujo de frenar su crecimiento por temor a modernizarse”

​El sector empresarial formal ha tomado una posición clara y activa dentro del debate nacional. Al respecto, el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCAEP), Jorge Luis Araya, explicó la urgencia de avanzar con la reforma estructural:

​«La Unión de Cámaras hace un llamado respetuoso pero firme a las señoras y señores diputados de la República para avanzar en la aprobación del expediente legislativo 23.414 o Ley para la Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Esta es una iniciativa fundamental para el futuro energético, económico y social del país. Costa Rica enfrenta hoy realidades muy distintas a las de hace 20 años».

​Asimismo, ante los cuestionamientos de diversos sectores sociales sobre el rumbo de los servicios públicos, el vocero de la cúpula empresarial aclaró los límites del proyecto:

​«Esta iniciativa no privatiza al ICE, lo moderniza; no elimina el control público, más bien lo fortalece; no desaparece el modelo solidario, ni entrega el sistema eléctrico nacional al sector privado, agrega más bien transparencia en la toma de decisiones. Por eso es que la Unión de Cámaras evidencia que el proyecto mantiene la rectoría pública, la regulación estatal y el abastecimiento nacional como una prioridad».

​Para finalizar, Araya enfatizó que disponer de electricidad limpia, estable y competitiva es la piedra angular para la atracción de inversiones y la creación de empleo, reiterando la total apertura del sector privado para sentarse a dialogar con el Gobierno, las instituciones eléctricas y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones conjuntas.

​Modernización eléctrica es vital para crear empleo y mejorar la competitividad nacional

​Por su parte, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) hace un llamado vehemente a los diputados de todas las fracciones legislativas para la aprobación urgente del expediente n.° 23.414. Para la industria alimentaria, la parálisis legislativa en esta materia representa un riesgo inaceptable y enfatiza que Costa Rica se encuentra en una encrucijada crítica.

​«El país no puede seguir encadenado a un esquema energético del siglo pasado. Necesitamos una estructura que responda con solvencia a los desafíos económicos del presente y a una evolución global que exige dinamismo a los sectores productivos, quienes cargamos con la responsabilidad de sostener y crear empleos dignos», sostuvo Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de CACIA.

​Los empresarios de la cámara señalan que el crecimiento acelerado del consumo y las recientes alertas de racionamiento y desabastecimiento son la prueba irrefutable de que el sistema actual perdió su capacidad de respuesta.

​En el entorno global contemporáneo, disponer de energía continua, abundante y a precios competitivos dejó de ser un simple insumo de producción para convertirse en el pilar de supervivencia del empleo formal y en el principal imán para la inversión, beneficiando desde las microempresas y pymes locales hasta los proyectos de inversión extranjera de alta tecnología.

​Plenario dividido: Diputados chocan entre la apertura del mercado y el futuro financiero del ICE

​La oposición legislativa mantiene fuertes reservas. «Es un proyecto que está mal conceptualizado, es un proyecto que tiene deficiencias importantes […], pero me gustaría darles cuáles son las tres razones principales por las que lo vamos a votar en contra. La primera, las tarifas pueden aumentar sobre todo para las familias costarricenses y las pequeñas y medianas empresas […]. La segunda es porque el proyecto no nos garantiza un concepto que nació con el ICE que es garantizar a todo el territorio que va a tener electricidad […]. Y la tercera porque si ese principio de universalidad acompañado del de solidaridad no se nos garantiza, va a ser imposible que logremos en la era digital que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan realmente competir […]. Por eso, principalmente, nuestro voto será en contra», afirmó la diputada Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

​Para la fracción del Frente Amplio, el proyecto de ley no representa una «modernización», sino una estrategia de fragmentación y desmantelamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Bajo la premisa de la libre competencia, la propuesta busca sustituir el modelo solidario e histórico liderado por el ICE por un mercado eléctrico basado en el lucro privado, lo que pondría en riesgo la soberanía energética y la estabilidad económica de los hogares costarricenses.

​Los argumentos centrales del partido se agrupan en los siguientes puntos críticos:

1. ​El costo y la politización del ECOSEN:
   • ​Gasto inútil: La creación del ECOSEN para sustituir las funciones de control del ICE obligará a la institución a invertir $100 millones en un nuevo centro operativo. Este gasto millonario no generará energía y será trasladado directamente a las tarifas de los usuarios.
   • ​Pérdida de criterio técnico: El control de la energía eléctrica pasará de ser una labor técnica especializada en el ICE a depender de una cúpula de designación política, abriendo la puerta a conflictos de interés que favorezcan a empresas privadas.
2. ​El mito de la baja de tarifas y la comparativa regional:
   • ​Tarifas en riesgo: Costa Rica registra una de las tarifas residenciales más bajas de la región ($0.180 por KWh), superando el rendimiento de mercados liberalizados como Guatemala ($0.296) o El Salvador ($0.224). Romper el modelo de planificación centralizada empujará los precios al alza.
   • ​El espejo de América Latina: La experiencia histórica en países como Chile, Argentina, Guatemala o Panamá demuestra que la privatización y liberalización del sector eléctrico se traducen a largo plazo en tarifas elevadas, apagones, concentración empresarial y desigualdad territorial.
3. ​Impacto en el bolsillo ciudadano y desigualdad social:
   • ​Exportación sin beneficio público: La ley permitirá a las empresas privadas exportar energía utilizando la infraestructura nacional y retener el 100% de las ganancias. Al desplazar al ICE de este negocio, se vacía el fondo que compensa el Costo Variable de Generación, encareciendo el recibo de la luz para la población.
   • ​La espiral del usuario residencial: Al permitir que los grandes consumidores (industrias) abandonen el sistema público para comprarle a privados, el costo fijo de mantenimiento de toda la red nacional recaerá exclusivamente sobre los sectores que se quedan: las familias, las pymes y los sectores más vulnerables.

​Por su parte, la fracción oficialista de Pueblo Soberano defenderá el voto en positivo de este proyecto de ley. La bancada sostiene que la iniciativa busca producir más electricidad, atraer inversión y generar competencia para bajar las tarifas eléctricas que hoy golpean el bolsillo de miles de familias y empresas.

​Desde la perspectiva del oficialismo, Costa Rica necesita más energía para seguir creciendo, generar empleo y atraer nuevas empresas. Advierten que, si el país no aumenta su capacidad eléctrica, muchas inversiones podrían migrar a otros destinos, afectando las oportunidades de los costarricenses. Asimismo, recuerdan que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) seguirá regulando las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores y evitar abusos.

​Representantes de la fracción oficialista señalaron que Costa Rica no puede seguir retrasando decisiones importantes por discursos ideológicos o campañas de miedo, y que los ciudadanos exigen electricidad más barata, más empleo y un país que avance con decisiones y resultados basados en el desarrollo nacional, manteniendo al ICE como un actor fundamental.

​Por otra parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, no ha expresado formalmente si está a favor o en contra del proyecto de ley, pero envió una serie de observaciones al oficialismo para mejorar el texto.

​Paralelamente, la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) comunicó al país que, tras un análisis serio, técnico y responsable, no votará a favor del expediente 23.414 en su redacción actual. Aunque el PLN coincide en que Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico con urgencia (mediante más generación renovable, tarifas competitivas y mejor planificación), considera que este proyecto no es la vía correcta. En su lugar, el partido propone impulsar una Ley Marco Reguladora del Sector Energético.

​Las 3 razones del rechazo del PLN son:

• ​Ruptura de la solidaridad: El proyecto privilegia la reducción de tarifas para los grandes consumidores eléctricos a expensas de los hogares y las pequeñas empresas (pymes).
• ​Debilitamiento del ICE: Se desmantelan funciones esenciales de la institución. El PLN se compromete a fortalecer y modernizar al ICE, no a debilitar la seguridad energética del país.
• ​Abandono del sector público y cooperativo: La propuesta no brinda herramientas suficientes a las cooperativas de electrificación rural ni a las empresas públicas (CNFL, JASEC y ESPH) para potenciar la generación renovable.

​La consigna del PLN se resume en: primero la gente (hogares, pymes y sectores productivos); modernización eléctrica SÍ, pero desmantelamiento del ICE y debilitamiento del sistema público y cooperativo NO.

​Factores de la crisis energética actual

​El texto concluye contextualizando la urgente convergencia de factores que ponen en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional debido, según la fracción liberacionista, a la falta de previsión en los últimos cuatro años:

• ​Climatológicos: El impacto del fenómeno del Súper Niño.
• ​Operativos: Retiro de plantas del ICE debido a mantenimiento.
• ​Financieros: Ajustes tarifarios que aún se encuentran pendientes.
• ​Geopolíticos: Alza en el precio del petróleo por tensiones internacionales en Oriente Medio.
• ​Diplomáticos: Complicaciones en el manejo de las relaciones energéticas con Panamá, lo que impide contar con apoyo externo ante un desabasto.

​Las consecuencias inminentes de este panorama incluyen el riesgo de apagones, racionamientos eléctricos, aumentos abruptos en las tarifas y una afectación directa al sector productivo.

​La propuesta alternativa del PLN

​Para evitar que la crisis afecte a los costarricenses, el PLN anunció que presentará el «Proyecto de Ley de Emergencia y Seguridad Energética Nacional», una iniciativa con medidas extraordinarias y temporales enfocada en:

• ​Evitar racionamientos: Garantizar el fluido eléctrico para los años 2026 y 2027.
• ​Proteger el bolsillo: Evitar alzas abruptas en las tarifas de hogares y sectores productivos.
• ​Sostén financiero: Fortalecer al ICE, CNFL, JASEC, ESPH y a las cooperativas rurales.
• ​Sostenibilidad y agilidad: Acelerar el almacenamiento de energía, la generación renovable y la transmisión estratégica.
• ​Trámites eficientes: Crear la Ventanilla Única Energética Nacional para agilizar permisos.
• ​Estabilidad: Implementar mecanismos extraordinarios de eficiencia energética.