Escándalo en Puntarenas: Funcionario Judicial que vendía cocaína queda en libertad
El Poder Judicial de Puntarenas se enfrenta a una grave controversia tras la detención de un funcionario administrativo de apellidos Mendoza Hidalgo, acusado de vender drogas y ofrecer expedientes judiciales.
El pasado sábado, agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) culminaron una operación con la captura de Mendoza Hidalgo, quien fue sorprendido vendiendo un kilogramo y medio de cocaína a un precio de ₡1.5 millones. La transacción ilícita fue parte de una serie de acciones policiales que finalmente llevaron a su detención.
La intervención de la Fiscalía contra el Narcotráfico fue decisiva en la operación. Mendoza Hidalgo, al percatarse del retén policial, intentó evadirlo, provocando una colisión con un vehículo del OIJ y una barrera de concreto. Además, en su intento desesperado por ocultar evidencia, quedó aún más expuesto ante las autoridades.
Mauricio Boraschi, fiscal adjunto a la Fiscalía General, reveló que las evidencias sugieren que Mendoza Hidalgo no solo se dedicaba al narcotráfico.
Según Boraschi, el funcionario también ofrecía vender expedientes judiciales, lo que agrava la situación dada su posición dentro del Tribunal Penal de Puntarenas.
“Es realmente sorprendente encontrar a una persona con acceso a información y expedientes críticos involucrada en narcotráfico», señaló Boraschi.
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La detención de Mendoza Hidalgo subraya los riesgos y desafíos que enfrenta la región en la lucha contra el crimen organizado.
A pesar de la gravedad de los cargos, el Juzgado Penal de Puntarenas no impuso prisión preventiva al funcionario, permitiéndole regresar a su puesto en los tribunales.
Esta decisión ha sido ampliamente criticada por la Fiscalía, que planea apelar la resolución.
«El Ministerio Público respeta las decisiones judiciales, pero no comprende esta en particular. Utilizaremos todos los recursos legales para revertir una resolución que consideramos no se ajusta ni a la normativa ni a la gravedad del caso», declaró Boraschi.
La situación ha generado preocupación tanto dentro como fuera del sistema judicial, con llamados a reforzar los controles internos y garantizar que los funcionarios públicos mantengan la integridad y la confianza que la ciudadanía deposita en ellos.
