Opinión: La importancia de los Comités Cantonales de la Persona Joven y el caso de Puntarenas: una renuncia irresponsable
Artículo de opinión escrito por Brando Toruño
En Costa Rica, la participación de las juventudes en la vida política, social y comunitaria no es solo un derecho, sino una necesidad para la construcción de un país más justo, inclusivo. Los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) son, por ley, uno de los principales instrumentos para garantizar esa participación, siendo espacios de representación y gestión de proyectos que promueven el desarrollo integral de las personas jóvenes en cada cantón.
Estos comités, amparados por el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley General de la Persona Joven (Ley N.° 8261), cuentan con un presupuesto propio —administrado por las municipalidades— que permite financiar iniciativas en cultura, deporte, educación, emprendimiento, liderazgo y prevención de la violencia. En territorios con altos índices de vulnerabilidad social, este presupuesto se convierte en una herramienta vital para transformar realidades.
El caso de Punatarenas es particularmente grave. El cantón central enfrenta una de las realidades más duras del país en materia de inseguridad y violencia. Los datos del Organismo de Investigación Judicial y las constantes denuncias comunitarias evidencian que la juventud puntarenense vive en un contexto donde las oportunidades escasean y el riesgo de ser víctima —o verse arrastrado— por entornos delictivos es alto.
Frente a este panorama, el CCPJ de Puntarenas no es un lujo, sino una herramienta más que necesaria, un espacio donde jóvenes comprometidos diseñan y ejecutan proyectos para mejorar la calidad de vida de sus pares, alejarlos de la violencia y abrirles puertas hacia la educación, el arte, el deporte y el liderazgo.
En este contexto, la reciente y lamentable renuncia irresponsable del presidente del CCPJ de Puntarenas, no solo significa la pérdida de una figura de coordinación, sino también la paralización de procesos clave. Por ley, la ausencia de esta figura activa y formalmente conformada, pone en riesgo la ejecución del presupuesto asignado para el año, lo que se traduce en proyectos cancelados o aplazados indefinidamente.
Esto no es un asunto menor: cada colón no invertido en prevención, formación y desarrollo juvenil es terreno fértil para que la violencia siga ganando espacio. Se trata de fondos que pudieron haberse destinado a talleres de capacitación, becas, torneos deportivos, festivales culturales, programas de salud mental o iniciativas comunitarias para combatir la deserción escolar.
La renuncia intempestiva y sin explicaciones no solo frena proyectos, sino que envía un mensaje de indiferencia hacia las realidades que enfrentan cientos de jóvenes del cantón, muchos de los cuales ya viven con un sentimiento de abandono institucional.
Cuando el ahora expresidente fue electo en noviembre del año pasado, mi criterio como estudiante avanzado de la carrera de derecho, fue la de un conflicto de intereses, al ser esta persona asesor en la alcaldía municipal y ser la “línea” de quienes gobiernan nuestro cantón, a la vez que resultaba electo por el Concejo Municipal. Me pregunto: ¿para qué se postuló si no iba a tener el interés de trabajar por las juventudes del cantón?
Pero hablar de juventudes no es hablar de un “futuro” lejano, sino del presente activo que ya está moldeando el rumbo nacional. Los Comités Cantonales son semilleros de liderazgo donde los jóvenes aprenden a gestionar recursos públicos, a tomar decisiones en colectivo, a debatir con respeto y a generar impacto real en sus comunidades.
En lugares como Puntarenas, donde la violencia amenaza con normalizarse, estos espacios son trincheras de esperanza. La participación juvenil no solo fortalece la democracia local, sino que también genera soluciones creativas y sostenibles a problemas complejos que la política tradicional muchas veces no sabe o no quiere resolver.
Costa Rica necesita más que nunca juventudes empoderadas, capacitadas y organizadas. Las autoridades municipales, el Concejo Cantonal, el ICODER, el Ministerio de Cultura y las instituciones educativas deben trabajar junto a los CCPJ para blindar su funcionamiento y evitar que la falta de compromiso individual afecte a toda una generación.
En el caso de Puntarenas, la urgencia es doble: recuperar la operatividad del Comité y garantizar que el presupuesto 2025 se ejecute a tiempo, para que los jóvenes tengan alternativas reales frente a la violencia que los rodea. No se trata solo de un puesto que quedó vacío, sino de un proyecto de vida para cientos de personas jóvenes que no pueden esperar.
En un país que se precia de su democracia y de su paz social, no podemos permitir que la indiferencia o la irresponsabilidad debiliten las pocas herramientas que tenemos para construir comunidades más seguras, justas y prósperas. El compromiso con la juventud no es opcional: es una deuda urgente con el presente y el futuro de Costa Rica.
¡Los jóvenes puntarenenses merecemos un futuro de oportunidades!
Brandon Toruño estudiante de derecho y activista por los derechos humanos.
