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Solicitan prisión y suspensión para algunos empleados del AYA

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La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó prisión preventiva por el plazo de un año en contra de 13 personas, entre las que se incluye a 3 funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y a uno del Banco Nacional, por el caso Azteca.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva por el plazo de un año en contra de 13 personas, entre las que se incluye a 3 funcionarios de AyA, y a uno del Banco Nacional. Estos imputados responden a los apellidos Montaño Mosquera, Camelo Méndez, Segura Aguilar, García Jr, López Cobo, Guillen Sánchez, Fernández Vargas, Espinoza Carazo, Ávila Cortés, Arias Cordero, Acuña Rojas, Araya Araya y Villalobos Zúñiga.

En el caso de los 12 funcionarios del AyA, se requirieron las medidas cautelares de suspensión del cargo, firmar una vez al mes e impedimento de salida del país. Los empleados públicos son de apellidos Torres Hernández, Araya Ly, Fonseca Hernández, Calvo Chaves, Aguilar Jiménez, Corrales Casanova, Vindas Romero, Cordero Barrantes, Mora Guevara, Balcázar Ramírez, Ramírez Marín y Ulate Montoya”, informó el Ministerio Público.

La tarde del miércoles finalizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de 25 personas vinculadas con el caso policialmente conocido como Azteca, en el que se investigan presuntos delitos de tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.

El Juzgado Penal de San José del I Circuito Judicial emitirá su resolución a la 1:30 p.m. de hoy, tras 8 días de audiencia.

De acuerdo con la Fiscalía se investiga un presunto grupo criminal asentado en el Valle Central y en la costa Pacífica del país, en apariencia dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas.


Se cree que la organización habría creado sociedades anónimas y tenía 2 empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.

Para ello, se presume que funcionarios de AyA facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago”, señala el Ministerio Público.

La Fiscalía también confirmó que el grupo habría reclutado a un funcionario bancario, a efectos de que le colaborara a insertar en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas.

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