A las múltiples voces de alerta que han expresado su preocupación se suma la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP), que en una carta dirigida a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa expresó su confusión por el enfoque del proyecto. La AAP, considera que el mercado asegurador costarricense cuenta con uno de los marcos regulatorios más recientes, robustos y especializados del sistema financiero nacional, construido conforme a los estándares de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y las recomendaciones del G20 y la OCDE.

Frente a este escenario, la AAP solicitó formalmente ser incluida en la mesa técnica encargada de analizar el texto sustitutivo del proyecto de ley, con el fin de contribuir con su experiencia y conocimiento al fortalecimiento del sistema regulatorio vigente y evaluar la necesidad de duplicar un marco regulatorio en materia de protección al consumidor que en seguros ya funciona y con excelentes resultados para los asegurados.

Norma Montero Guzmán, directora ejecutiva de la AAP, afirmó que “el fortalecimiento de la protección al consumidor financiero debe basarse en la experiencia técnica acumulada. Evitar duplicidades y fragmentaciones es clave para asegurar un sistema eficaz y confiable. Por eso estamos convencidos de que el diálogo técnico y participativo es esencial para construir una legislación robusta y coherente que verdaderamente beneficie a todos los costarricenses.”

Beneficio de los derechos del consumidor financiero

Ante los cuestionamientos que el proyecto fórmula sobre los derechos del consumidor, el sector asegurador hace un llamado a los legisladores a revisar la arquitectura regulatoria ya existente. Esta se sustenta en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (N.º 8653), la Ley Reguladora del Contrato de Seguros (N.º 8956), y un conjunto de reglamentos específicos emitidos por el CONASSIF y la SUGESE.

Dicho marco incluye normativas diferenciadas en temas como comercialización de seguros, atención de quejas, protección del consumidor, inclusión y accesibilidad. Estos instrumentos se basan en principios internacionalmente reconocidos como la transparencia, el trato justo, la idoneidad del producto, la gestión de conflictos de interés, la resolución de quejas y la supervisión basada en riesgos.

De hecho, en un oficio remitido a la Asamblea Legislativa, la Superintendencia General de Seguros, SUGESE, manifestó su oposición al proyecto de ley. La Superintendencia advirtió que la propuesta generaría una estructura paralela de supervisión sin el respaldo técnico, jurídico ni institucional necesario, lo que afectaría la coherencia normativa y elevaría los costos del sistema.

La entidad señaló que el MEIC no cuenta con la capacidad técnica, los recursos humanos ni los sistemas tecnológicos requeridos para asumir funciones propias de los entes supervisores. Mientras el ministerio está capacitado para atender quejas y reclamos, no posee los insumos ni la experiencia para ejercer labores de supervisión financiera integral, funciones que hoy desempeñan las superintendencias bajo estándares especializados.

Para la Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP) el principal riesgo es la creación de un modelo de supervisión paralela en seguros, sin contar con la capacidad técnica ni jurídica para ello. Esto no solo podría generar inseguridad regulatoria, sino también terminaría afectando al consumidor financiero debido a la fragmentación institucional que implicaría.