Privacidad bajo la lupa: Los riesgos ocultos tras la reciente decisión de la Ministra Munive
La reciente decisión de la Ministra de Salud, Mary Munive, respecto al funcionamiento de la receta digital ha desatado una ola de cuestionamientos técnicos y legales. Expertos en ciberseguridad y gremios de salud advierten que el nuevo esquema propuesto podría exponer información privada y sensible de miles de pacientes, dejando vulnerables datos críticos sobre diagnósticos y tratamientos. La controversia surge ante la falta de garantías claras sobre quién tendrá acceso a este historial médico y cómo se protegerá la confidencialidad en la nueva plataforma.
La reacción del médico se dio tras escuchar al Presidente del Colegio de Médicos, Dr. Eliott Garita, en una entrevista realizada en el programa Red Democrática del exdiputado Jonathan Prendas, en la cual se evidenció que el mecanismo escogido expone diagnósticos y rompe el principio de que todos los datos obtenidos en la investigación u observación con el paciente es una relación exclusiva entre este y el médico.
“El planteamiento suena bien en el papel: trazabilidad, control y modernización. El problema es la forma. Cuando el Estado empieza a centralizar información sensible sin garantías claras, se cae en excesos que ponen en riesgo los derechos de los pacientes”, comentó Carrillo.
Según se expuso en el programa de radio, este decreto obligaría a exponer el diagnóstico, de los pacientes, sin su consentimiento, algo que es sancionado por ley.
Carrillo explicó que, con el sistema establecido por el Ministerio de Salud, el diagnóstico de una persona deja de estar resguardado en la privacidad de la relación médico–paciente. Pasa a ser conocido por funcionarios del Ministerio de Salud, por RACSA, por una empresa contratada por RACSA y, además, por las farmacias. Todo ello sin que existan garantías claras sobre estándares robustos de ciberseguridad, protocolos de acceso restringido, auditorías independientes o responsabilidades precisas en caso de filtraciones. En términos prácticos, muchas personas sin relación directa con el acto médico terminan sabiendo qué enfermedad tiene una persona, cuando esto debería ser privado.
Carrillo indicó que, en su opinión, este caso es más grave que el de la UPAD, pues involucra la información de salud de las personas, donde algo que es de dos personas, pasa a estar en muchas más manos de gente que no tiene por qué tenerla, como por ejemplo el Ministerio de Salud, RACSA, el personal de las farmacias y hasta la de una empresa contratada por este ente y que en ningún momento se oculta la identidad de los pacientes.
Al analizar el paralelismo con el caso UPAD, Prendas, quien fue uno de los miembros de la comisión investigadora de ese caso, señaló durante el programa que “aquí la pregunta de fondo es por qué antes este tipo de manejo de datos se consideró inaceptable y hoy se pretende normalizarlo, ahora en el ámbito de la salud, que es todavía más sensible”.
En el programa radial también se denunció que este procedimiento encarecería el acceso a la salud de las personas. En este sentido, Carrillo indicó que las decisiones adoptadas por Salud obligan a los pacientes a pagar consultas con médicos para obtener recetas de medicamentos que hasta ahora podían comprar sin problema, lo cual encarece el costo total de esas medicinas.
Carrillo también resaltó que el Colegio de Médicos incluso tomó la decisión de presentar acciones contra ese decreto ante la Sala Constitucional, las cuales fueron aceptadas para el análisis correspondiente, por considerar que se está violando el derecho a la privacidad del paciente. “Todos los pacientes deben saber que están exponiendo públicamente su información médica; la última frontera de la privacidad personal estaría cayendo con la orden de la ministra Munive”, finalizó.
