Presencia de candidatos en actos oficiales no es beligerancia
Ciudadana la increpó, pero expertos aclaran que no constituye beligerancia política
La participación de la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, en la sesión solemne del Consejo de Gobierno en Puntarenas este martes generó una intensa discusión en redes sociales y en diversos sectores de opinión pública.
Durante el evento, una ciudadana se acercó a Fernández y la cuestionó por estar presente en un acto oficial encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, sugiriendo que su asistencia podría constituir un acto de beligerancia política.
Sin embargo, desde el punto de vista legal y constitucional, especialistas señalan que el caso debe analizarse con cuidado, pues no todo lo que genera polémica en la arena política configura una violación al ordenamiento jurídico.
¿Qué dice la normativa sobre beligerancia política?
En Costa Rica, la prohibición de beligerancia política se aplica a funcionarios públicos, especialmente a aquellos que ostentan cargos de dirección o de confianza en instituciones estatales. La ley establece que estos funcionarios no pueden utilizar recursos estatales ni su posición institucional para favorecer a partidos o candidatos, garantizando así la neutralidad del aparato estatal y la igualdad de condiciones en la contienda electoral.
Fernández, en este momento, es únicamente candidata presidencial y no ocupa un puesto en la función pública. Por lo tanto, su asistencia a un acto abierto no puede considerarse como una violación de la normativa electoral.
Actos oficiales abiertos a la ciudadanía
El Consejo de Gobierno y las conferencias presidenciales son espacios de carácter oficial, pero no exclusivos del Gobierno ni del partido en el poder. Suelen estar abiertos a la ciudadanía, medios de comunicación y actores sociales.
Por esa razón, la presencia de Fernández se puede interpretar como parte de su interés por informarse y observar de cerca la discusión de temas de interés nacional, sin que ello signifique el uso indebido de recursos públicos o el aprovechamiento de una posición de poder.
Entre la fiscalización ciudadana y la desinformación
Este episodio refleja un contraste propio de la democracia: por un lado, la fiscalización ciudadana es legítima y necesaria para cuestionar posibles abusos. No obstante, confundir actos legales con supuestas irregularidades puede generar desinformación y ruido en el debate público.
En este caso, señalar como “ilegal” una acción que no lo es podría desviar la atención de los verdaderos límites que establece la legislación electoral para proteger la equidad en los procesos de campaña.
