Impacto local directo: Explicar cómo el cambio en la ley beneficia a los productores y proveedores locales de Puntarenas al facilitar que abastezcan a las escuelas de su zona.

​El diputado por Heredia del Partido Liberación Nacional (PLN), Víctor Hidalgo Solís, presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 25.743, el cual propone modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP). La iniciativa busca brindar mayor flexibilidad a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de los centros educativos públicos para la adquisición de suministros destinados a los comedores estudiantiles.

​La propuesta toma como referencia el Informe N.º 11-2026, “Abastecimiento de Comedores Escolares CNP-PANEA”, el cual indica que, durante 2025, un total de 3.032 de los 4.568 centros educativos públicos activos eran abastecidos por el CNP, lo que representó una ejecución de aproximadamente ₡70.725 millones en compras de alimentos.

​El informe también registró 2.495 inconformidades presentadas por centros educativos durante ese año, vinculadas a entregas incumplidas, faltantes de productos, problemas de calidad, facturación, precios e impuntualidad. Asimismo, el 42,45% de los directores encuestados indicó que en alguna ocasión tuvo que modificar el menú debido a incumplimientos en la entrega, mientras que cerca del 90% reportó problemas con la facturación.

​Adicionalmente, un análisis comparativo evidenció que, en 12 de 23 productos evaluados, los precios del CNP eran superiores a los de artículos similares disponibles en ocho supermercados del país.

​Al respecto, el legislador Hidalgo Solís señaló que presentó la propuesta para modificar la ley del CNP «cuyo objetivo es darle apertura a las Juntas de Educación para que no solamente le compren los alimentos al CNP, sino que puedan tener la libertad de adquirirlos con otro tipo de proveedores».

​Agregó que la medida exigirá mayor regulación por parte de las direcciones regionales del MEP y un compromiso reforzado por parte de las Juntas de Educación del país. «Recordemos que nuestra prioridad es que ningún niño, niña ni estudiante de este país se vea privado de la alimentación, que es un derecho que tienen nuestros estudiantes», enfatizó.  

​De aprobarse la reforma, la contratación del CNP pasará a ser opcional para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, permitiéndoles valorar las alternativas que mejor respondan a las necesidades operativas de cada comunidad educativa.

​“La prioridad debe ser muy clara: ningún estudiante debe ver afectada su alimentación porque un proveedor no pudo entregar a tiempo, faltó un producto o existen problemas administrativos”, concluyó el legislador.