Diputados exigen cuentas ante avance del narcotráfico y deforestación en Áreas Protegidas
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa recibió este jueves al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para abordar la creciente preocupación por la inseguridad y la incursión de grupos criminales dentro de las áreas silvestres protegidas del país.
El foco en Gandoca-Manzanillo
Durante la audiencia, se puso especial énfasis en la situación de Gandoca-Manzanillo. El ministro confirmó que fue el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) quien denunció inicialmente la deforestación de 200 hectáreas en la zona. Tattenbach subrayó la complejidad de la vigilancia en este sector debido a su proximidad con la frontera con Panamá, lo que facilita actividades ilícitas.
Sin embargo, el jerarca fue enfático en señalar los límites de su cartera: «Cuando ya se eleva a un crimen que es de narcotráfico, nuestro rol cambia», explicando que en esos casos la responsabilidad principal recae sobre la Fuerza Pública y las autoridades judiciales, con quienes colaboran en inspecciones de campo.
Fortalecimiento de la vigilancia y denuncias
La legisladora Priscila Vindas cuestionó el seguimiento de las 176 denuncias actuales y el estado de capacitación de los 50 nuevos guardaparques contratados recientemente. Ante esto, el Ministerio anunció la implementación de un nuevo sistema de denuncias que busca resolver el vacío de información para los ciudadanos.
Seguimiento real: El nuevo sistema permitirá que el denunciante, bajo estricto anonimato, pueda verificar si su expediente ya fue trasladado a la Fiscalía.
Cooperación con Seguridad Pública: Se busca que los guardaparques reciban formación conjunta con el Ministerio de Seguridad para enfrentar la creciente presencia de grupos de narcotráfico.
Alianza con comunidades costeras
Como parte de la estrategia para blindar las costas —identificadas como los puntos más vulnerables—, el Gobierno apuesta por el programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) Marino Costero. Este plan involucra a cerca de 600 personas agrupadas en asociaciones de molusqueros, quienes actúan como «vigilantes» en los manglares, con el compromiso de denunciar cualquier incursión ilegal.
La Comisión de Seguridad confirmó que mantendrá el análisis de este tema, buscando soluciones legales y presupuestarias para evitar que las joyas naturales de Costa Rica sigan bajo el asedio del crimen organizado.
