Con el respaldo de 39 votos, el Plenario Legislativo admitió a trámite una reforma estructural al artículo 36 de la Constitución Política. La iniciativa busca limitar el derecho a la abstención de declarar cuando el imputado sea un familiar y la víctima sea una persona menor de edad o víctima de violencia intrafamiliar y de género. El objetivo central es combatir la impunidad que históricamente ha protegido a agresores dentro del núcleo cercano.

​Varios legisladores destacaron que esta modificación representa un cambio de paradigma en la persecución penal de estos delitos. Actualmente, el precepto constitucional establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o parientes cercanos; sin embargo, la reforma introduce una excepción determinante cuando el bienestar de personas vulnerables está en juego.

​»Estamos otorgando herramientas judiciales críticas. Al establecer la obligación de rendir testimonio en casos de abuso sexual o violencia doméstica, garantizamos un mecanismo de auxilio oportuno para las víctimas, antes de que el daño sea irreversible», señalaron durante el debate. Asimismo, se reconoció la complejidad técnica del proceso, ya que la reforma constitucional exigirá cambios armónicos en otras leyes y códigos vigentes.

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​Próximos pasos

Tras esta aprobación inicial, el próximo miércoles 21 de enero se procederá a la creación de una comisión especial (integrada por tres, cinco o siete diputaciones). Este órgano tendrá un plazo de 20 días naturales para rendir un informe de viabilidad técnica y jurídica ante el Plenario, paso previo a su votación definitiva.