INCOP denuncia atrasos de la Contraloría en modernización de Puerto Caldera
Proyecto de más de $600 millones busca mejorar competitividad y seguridad portuaria
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) defendió este martes la transparencia y solidez técnica del proceso de modernización de Puerto Caldera, pese a los constantes atrasos generados por las exigencias de la Contraloría General de la República (CGR).
Desde el inicio de la actual Administración, el INCOP contrató a la International Finance Corporation (IFC), organismo del Banco Mundial, para estructurar la licitación internacional. En junio de 2022 se elaboró el primer borrador de contrato, el cual obtuvo el refrendo de la CGR hasta mayo de 2023, tras un trámite que el instituto calificó como “extenso y desgastante”.
Un proceso técnico y con múltiples revisiones
Contrario a lo que se ha afirmado públicamente, el INCOP recordó que la publicación del cartel de licitación el 30 de octubre de 2024 no marcó el inicio del proceso, ya que este estuvo precedido por la aprobación de la Prefactibilidad en junio de 2024 y de la Factibilidad en septiembre de ese mismo año.
El presidente ejecutivo de la institución, Wagner Alberto Quesada Céspedes, enfatizó:
“El atraso en la modernización de Puerto Caldera es un costo que asumimos todos los costarricenses: cada día que se posterga este proceso encarece las importaciones, afecta la competitividad y golpea la economía nacional.”
En el último año, y en coordinación con la IFC, el INCOP ha presentado cinco versiones del cartel de licitación (30 de octubre de 2024; 17 de marzo, 8 de abril, 24 de junio y 23 de septiembre de 2025), todas ajustadas a observaciones de la Contraloría y a planteamientos de posibles oferentes. Sin embargo, la institución sostiene que muchas de estas exigencias han sido repetitivas y sin valor agregado, lo que ha provocado retrasos innecesarios.
Fecha clave en noviembre
La recepción de ofertas continúa programada para el 7 de noviembre de 2025, con la expectativa de que esta vez la Contraloría “actúe con la responsabilidad que el país merece y rechace cualquier intento de objeción dilatoria”.
El proyecto, con una inversión superior a $600 millones, pretende incrementar la capacidad operativa, mejorar la competitividad y garantizar mayor seguridad en Puerto Caldera, infraestructura estratégica para la economía y el comercio exterior de Costa Rica.
