Fabricio Obando Chan [email protected]

La diputada liberacionista, Rosaura Méndez presentó un proyecto de ley con el cual se pretende financiar el mantenimiento de las redes de monitoreo de emergencias a través de un nuevo impuesto del 0,6% sobre las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines (terremoto, inundación, deslizamiento, etc.)

Si se aprueba este proyecto de ley, representaría un costo adicional de aproximadamente ¢3.100 millones anuales que recaería directamente sobre las personas y empresas aseguradas, encareciendo el acceso a los seguros de protección de vida, salud y el patrimonio. Esto incrementaría anualmente al ritmo del crecimiento del mercado de seguros, sin ningún tope.

Impacto a los consumidores

Si este proyecto de ley se aprueba los costarricenses buscan adquirir una vivienda propia mediante un crédito se enfrentarían un incremento en las cuotas debido al aumento en los seguros contra incendio y vida relacionados con el crédito, pero también se elevaría el costo de los seguros privados y esto podría restringir el acceso a los seguros e inclusive saturando los servicios de salud.

“Por técnica de seguros, cualquier carga o gasto en seguros se traslada a la tarifa que paga el consumidor, quien hace un esfuerzo económico para protegerse de los riesgos. Es incompresible que este sector que previene sus riesgos sea castigado teniendo que asumir el financiamiento directo del gasto de entidades públicas, que además no están relacionados ni tienen vinculación con sus seguros”, explicó la AAP.

Agregó que entendemos la necesidad de estas instituciones que tuvieron 5 años para buscar fuentes de ingresos; sin embargo, no es justo que su financiamiento recaiga en las personas aseguradas.

Según la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica menciona que el seguro es una clave para la resiliencia económica y social, por lo tanto, no es un lujo si no más bien es una herramienta que busca el fortalecimiento de las personas, empresas y el país ante eventos inesperados como los desastres naturales, enfermedades o pérdidas patrimoniales y evitar que este tipo de escenarios generen crisis y se deriven en tragedias financieras personales o en mayores cargas para el Estado.

“Limitar el acceso al seguro incrementando su costo, como lo haría este proyecto, es minar la capacidad de recuperación de la sociedad ante emergencias y crisis, justo en momentos en que el cambio climático y la incertidumbre global hacen más importante que nunca fortalecer estos mecanismos de protección”, concluye la AAP

“Aumentar el costo de los seguros significa limitar la protección personal, patrimonial y el acceso al crédito para miles de costarricenses. La accesibilidad al seguro debe ser una prioridad nacional, no una barrera cada vez más alta para quienes buscan proteger lo que más valoran”, expresa la APP

Sobrecarga tributaria actual. Actualmente, los seguros en Costa Rica ya están sujetos a múltiples cargas fiscales y regulatorias:

• Contribución del 4% al Cuerpo de Bomberos
• Contribución del 0,5% al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)
• 5,5% sobre remesas al exterior por concepto de reaseguro
• Diferencial de IVA del 11% en los seguros de Salud, Vida y Accidentes
• Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)

En este contexto de alta carga tributaria, añadir un nuevo impuesto representa una amenaza directa a la accesibilidad, asequibilidad y crecimiento del mercado asegurador.

Además del proyecto 24.738, existen en la Asamblea Legislativa más de cinco iniciativas que buscan imponer nuevas cargas sobre las primas de seguros. Estas propuestas, de concretarse, significarían medidas profundamente regresivas, que afectan principalmente a quienes más necesitan mecanismos de protección y contradicen los principios de inclusión financiera y protección social que deben guiar la política pública.

Desviar recursos de las primas de seguros para fines estatales distorsiona la función del seguro, encarece las pólizas a los consumidores y afecta la estabilidad financiera del sistema.

Un llamado a soluciones integrales. Desde la AAP se hace un llamado vehemente a los diputados de la República a reconsiderar el proyecto de ley 24.738, evaluando con responsabilidad su impacto negativo sobre la economía, la estabilidad financiera de las familias y la resiliencia social y económica del país.