El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), junto con otras instituciones públicas, pondrá en marcha una nueva estrategia interinstitucional para la atención de personas en situación de calle, con un primer punto de intervención en el distrito de La Merced. La iniciativa contempla un dispositivo de atención continua durante 90 días, en el que participarán entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y organizaciones de bienestar social, entre otras.

Según explicó Emilia Mora, jefa del Departamento de Acción Social y Administración de Instituciones-SINCA, se trata de «un cambio de paradigma» en la forma en que el Estado atiende a esta población. «Es un giro de 180 grados de cómo los servicios para la población [en situación de calle] se van a prestar», afirmó, y explicó que la apuesta es que la institucionalidad pública esté presente en el territorio, en la proximidad donde se encuentra la población, y no de forma desarticulada como ha ocurrido en el pasado.

Un dispositivo articulado y sostenido

De acuerdo con la vocera, la principal diferencia de esta iniciativa frente a esfuerzos anteriores es que nunca se había instalado un dispositivo de este tipo de manera sostenida. «Siempre hemos llegado a la población en situación de calle de manera separada, las instituciones por su cuenta, en un solo día o en algunas horas», señaló. En esta ocasión, el dispositivo permanecerá activo durante 90 días en un punto específico de La Merced, de forma articulada entre instituciones.

Durante ese periodo, las personas podrán acceder a alimentos, artículos de higiene personal, servicios de escucha, orientación sobre procesos de internamiento por consumo de sustancias psicoactivas y otros beneficios que requieran para salir de su situación de calle.

Primeras acciones en el territorio

El primer paso será la habilitación de un dispositivo de «puertas abiertas» que se mantendrá activo durante los 90 días, con la participación de la CCSS, el IMAS, el Ministerio de Salud y otras instituciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad, personas adultas mayores y capacitación laboral, en coordinación con el Ministerio de Trabajo. También participarán organizaciones de bienestar social, que prestarán sus servicios habituales de forma articulada con el Estado.

Al cumplirse los 90 días, las instituciones elaborarán un informe sobre las necesidades identificadas, la atención brindada y la ruta a seguir con cada persona, ya sea internamiento, capacitación o atención en salud. El vocero explicó que parte de la población presenta lo que denomina «patología dual»: consumo de sustancias psicoactivas junto con trastornos mentales, lo que dificulta su salida de la situación de calle.

Retos de articulación

Entre los principales retos, el vocero mencionó la coordinación entre instituciones tan diversas como el Ministerio de Salud, Seguridad Pública, la CCSS, el PANI y Migración. «Nuestro principal reto es poder llevar esta oferta de servicios de manera articulada, poder resolver en el sitio las situaciones que se presenten, porque cada situación es muy particular», indicó, y puso como ejemplo los casos de personas en condición migratoria irregular, que pueden requerir distintas rutas de intervención.

Financiamiento

Sobre el presupuesto, la vocera indicó que el IMAS cuenta con recursos que transfiere a organizaciones de bienestar social mediante la modalidad de subsidio de costo de atención, dirigida a organizaciones que cuentan con el aval de los rectores técnicos correspondientes. Este subsidio está programado para beneficiar organizaciones tanto en 2026 como en 2027.

En cuanto a la capacidad instalada para atender el consumo problemático de sustancias, el vocero explicó que actualmente se realiza un inventario de cupos disponibles en las organizaciones subsidiadas por el IMAS, como parte de los primeros días de implementación de la estrategia.

Indicadores y evaluación

La estrategia contempla evaluaciones de seguimiento a los 30, 60 y 90 días. Según el vocero, los indicadores clave no serán los mismos para todos los distritos, sino que se definirán según las necesidades específicas de cada población: personas adultas mayores, personas con consumo de sustancias psicoactivas o personas que requieran incorporarse al empleo, entre otros perfiles. «No tenemos una misma respuesta para todos los distritos, sino que tenemos que generar la respuesta [ajustada] a la necesidad», explicó.

Posible expansión

La primera fase de la estrategia está planteada para 90 días, al cabo de los cuales se decidirá si se incorpora un nuevo distrito o si se mantiene la intervención en La Merced, según los resultados del informe final de evaluación.

Empleo y sector privado

Sobre alianzas con el sector privado para la contratación de personas que superaron su situación de calle, el vocero indicó que ya existen estrategias vinculadas al empleo, aunque en los primeros días la atención se concentrará en servicios de contención y satisfacción de necesidades básicas. Posteriormente, dijo, se buscará articular alianzas público-privadas junto con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para facilitar la incorporación laboral de estas personas.

Seguimiento post-tratamiento

Finalmente, la vocera destacó que la metodología contempla que ninguna persona regrese a la calle. Para ello, las instituciones darán seguimiento individual a cada caso, mediante un expediente de vinculación institucional, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios necesarios para sostener, por ejemplo, su vinculación laboral, familiar o a un grupo de apoyo. «Lo que no queremos por ningún motivo es que la persona regrese a la calle», concluyó.