Denuncian persecución judicial contra defensores ambientales que se oponen al megaproyecto Bahía Papagayo

Organizaciones sociales, ambientales y defensoras de derechos humanos denunciaron esta semana lo que consideran un grave caso de persecución judicial en Costa Rica: la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. habría emprendido acciones legales desproporcionadas contra personas defensoras del medio ambiente y comunicadores, a raíz de sus denuncias públicas sobre el megaproyecto Bahía Papagayo, en Playa Panamá, Carrillo de Guanacaste.

Este desarrollo inmobiliario, turístico y comercial comprende más de 117 hectáreas, dentro de las cuales se proyecta construir hoteles, residencias, un country club y múltiples edificaciones en una zona de bosque costero y ecosistemas sensibles cercanos a acuíferos en riesgo.

Un embargo sin juicio ni notificación previa

El caso más visible ha sido el del influencer Juan Bautista Alfaro Rojas (@juambacaminando), contra quien un tribunal civil de Pérez Zeledón ordenó el embargo preventivo de sus cuentas bancarias, tarjetas, bienes y salarios, pese a que no existía un juicio previo ni una notificación oficial. Esto se produjo tras la publicación de videos denunciando impactos ambientales del proyecto, respaldados con imágenes y documentos públicos.

Las organizaciones denuncian que esta es una estrategia para silenciar la protesta ambiental y frenar la participación ciudadana. “Se está castigando a quienes ejercen su derecho constitucional a expresarse y a defender los recursos naturales del país”, afirmaron desde la Asociación ACCEDER, GuanaDefensoras y la red Antigentrificación.

¿Qué se denuncia del proyecto?

• La urbanización de 117 hectáreas de bosque costero y zonas cercanas a manglares.

• La afectación potencial al acuífero Coco-Panamá-Playa Hermosa, en una región con escasez de agua.

• La aprobación ambiental por parte de SETENA sin audiencia pública, estudios independientes ni participación comunitaria.

• La contratación de estudios técnicos por parte de la misma empresa que promueve el proyecto.

• La falta de información a la comunidad: 88% de las personas consultadas dijeron no conocer el proyecto.

Expertos advierten sobre abuso del sistema judicial

El abogado Álvaro Sagot, especialista en derecho ambiental, calificó la demanda como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda estratégica para frenar la participación pública. “Su objetivo no es probar falsedad, sino castigar a quien se atreve a hablar”, advirtió.

Por su parte, el doctor en derecho Rodolfo Brenes Vargas recordó que aunque el embargo es una medida legal, su uso en este caso resulta excesivo, intimidante y desproporcionado, especialmente cuando se trata de temas de interés público y libertad de expresión.

Citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Brenes agregó que el temor a sanciones civiles desproporcionadas puede inhibir gravemente el ejercicio de la libertad de expresión, con consecuencias para la vida personal y familiar del demandado.

Llamado urgente: derogar la viabilidad ambiental y proteger a los defensores

Las organizaciones que suscriben la denuncia exigen a SETENA la nulidad de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto Bahía Papagayo. Además, instan a la Sala Constitucional a garantizar una audiencia pública y que se respete el derecho de las comunidades a ser informadas.

También solicitaron la intervención de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y recordaron que Costa Rica aún no ratifica el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que protege a quienes defienden el ambiente.

“Lo que ocurre en Bahía Papagayo es doblemente grave: quieren destruir el bosque y silenciar a quienes lo defienden”, señalaron desde la organización Bloque Verde.

Un precedente inédito

Según el libro 30 años de criminalización en Costa Rica, nunca antes se había impuesto un embargo preventivo como medida cautelar en un caso de activismo ambiental en el país. A pesar de más de 19 demandas similares documentadas en las últimas décadas, ninguna prosperó judicialmente, y en todos los casos las comunidades se mantuvieron movilizadas.