Costa Rica aprueba reforma constitucional para permitir extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo
Histórico cambio al artículo 32 de la Constitución
Desde este jueves, los costarricenses podrán ser extraditados por delitos de narcotráfico internacional o terrorismo, tras la aprobación en quinto y definitivo debate de una reforma al artículo 32 de la Constitución Políticapor parte de la Asamblea Legislativa.
Con esta reforma, el país realiza un cambio sin precedentes en su Carta Magna, buscando reforzar el combate al crimen organizado transnacional, en momentos en que la inseguridad y la violencia vinculada al narcotráfico han golpeado con fuerza al territorio nacional.
Una excepción con límites claros
Aunque el principio general de la Constitución prohíbe que un costarricense sea forzado a abandonar el país, el nuevo texto establece una excepción estrictamente delimitada:
“Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes.”
Esto significa que no cualquier solicitud internacional dará pie a una extradición: debe existir una resolución judicial que garantice el respeto al debido proceso.
Amplio respaldo político e institucional
La diputada Pilar Cisneros, del oficialismo, fue quien impulsó la reforma, que fue respaldada de forma poco común por los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El proyecto superó las cinco votaciones requeridas: dos en la primera legislatura y tres en la segunda, lo cual suele tomar más de un año. Finalmente, el Plenario le dio su aprobación definitiva esta semana.
Un paso clave contra el crimen organizado
Con esta reforma, Costa Rica actualiza su marco constitucional frente a las crecientes amenazas del crimen organizado que opera a nivel internacional, especialmente en una región donde el narcotráfico ha permeado estructuras políticas y sociales.
Según analistas jurídicos, esta decisión podría facilitar la cooperación internacional, reforzar la confianza entre países aliados y permitir que líderes criminales sean juzgados en naciones con mayores capacidades judiciales y carcelarias.
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