Tensión en la Zona Costera: Municipalidad de Golfito Desaloja a Vecinos de Pavones
El municipio se encuentra realizando la recuperación del derecho vía de una carretera de 14 metros establecida en el Plan Regulador Sector Costero: B, Anexo Quebrada El Macho, que actualmente se encuentra invadida por construcciones legales.
Los vecinos de Pavones se encuentran preocupados por el proceso de desalojo y demolición en el sector de Río Claro de Pavones y esto lo realizó el municipio de Golfito.
Ante diversas consultas realizadas por los medios de comunicación el municipio de este cantón emitió un comunicado de prensa en donde se menciona se ha difundido información imprecisa por parte de algunos vecinos de la zona, en la cual manifiestan que el objetivo de la municipalidad es realizar un proceso de demolición de todo el pueblo de Río Claro de Pavones, cuando en realidad lo que se estarán afectando son tres edificaciones y cercas vivas que se encuentran invadiendo el derecho de vía.
El proceso que se está realizando es la recuperación del derecho vía de una carretera de 14 metros establecida en el Plan Regulador Sector Costero: B, Anexo Quebrada El Macho, que actualmente se encuentra invadida por construcciones legales.
Los desalojos se están desarrollando en Zona Marítimo-Terrestre (terrenos del Estado de dominio público en administración de la Municipalidad), y no sobre propiedades privadas.
En dicho comunicado resalta que ninguno de los involucrados posee concesión otorgada; únicamente cuentan con solicitudes de concesión, las cuales no les generan ningún derecho real ni administrativo para ocupar o edificar en la Zona Marítimo-Terrestre. Por otra parte, también se les ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa.
5108 infractores han sido notificados debido a que se ha constatado la usurpación a bienes de dominio público en la Zona Marítimo-Terrestre, mediante construcciones realizadas sin el cumplimiento de los requisitos, sobre el derecho de vía constituido en el Plan Regulador Sector Costero. B, Anexo Quebrada El Macho. Asimismo, dichas construcciones fueron desarrolladas con infracciones al artículo 12 y 23 de la Ley sobre la zona Marítimo-Terrestre N»6043, así como el artículo de la Ley N’9242. En virtud de lo anterior, se procedió conforme con el procedimiento establecido en el artículo 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre N*8043, que indica literalmente: Según el artículo 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre:
“Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, a desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación, Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan”. (Ley N*6043,1977, p12)
Al día de hoy no se ha recibido en esta institución ningún tipo de notificación de medida cautelar judicial ni administrativa, en contra del proceso que se encuentra realizando la municipalidad de Golfito.
“Los desalojos que está realizando la Municipalidad de Golfito en Pavones nos preocupa, nos preocupa la incertidumbre que están viviendo las familias. Esta decisión del alcalde no solamente está golpeando la estabilidad emocional y económica de las familias de Pavones, sino en la economía local, y es por eso que el alcalde de Golfito debe dar la cara y debe rendir cuentas por sus decisiones. Por eso presentamos una moción a la Comisión de Puntarenas, para que explique las decisiones que ha tomado al respecto y explique por qué tomó estas acciones sin ofrecer garantías ni alternativas a las personas afectadas. Desde la Asamblea Legislativa no nos vamos a quedar callados ante los atropellos que vulneran a las personas más necesitadas”. Comentó Sonia Rojas, diputada de la Comisión Especial de Puntarenas sobre este tema.
Además, el diputado de Partido Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes, interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública y el municipio de la localidad por los desalojos ejecutados en el sector de Pavones.
Según Robles la intervención policial se habría ejecutado “sin mediar notificación algunas de las partes afectadas sobre algún desalojo”, situación que generó un escenario de vulnerabilidad social.
El legislador afirmó que los desalojos carecen de fundamento legal respaldado por un Plan de Acción encargado de brindar atención integral, tal como lo dispone el Decreto Ejecutivo 39277.
