Aprobadas sanciones de cárcel para los préstamos “gota a gota”
La Asamblea Legislativa aprueba sanciones de cárcel para los préstamos “gota a gota”
Este martes, la Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime en segundo debate el expediente 23.575, que establece penas de cárcel para el delito de los préstamos “gota a gota“. Esta reforma al código penal agrega el delito de “extorsión cobratoria” al artículo 214 bis.
Según la nueva legislación, aquellos que utilicen amenazas o intimidación de forma personal, mediante terceros o por cualquier medio de comunicación para obligar a un deudor o sus familiares al pago del préstamo otorgado, podrán ser condenados a penas de entre 4 y 8 años de cárcel.
Además, se establecen penas de 5 a 10 años en los siguientes casos:
1. Cuando las amenazas o intimidación vayan dirigidas a una persona menor de edad, un adulto mayor o cualquier persona en condición de vulnerabilidad.
2. Si el delito es cometido por dos o más personas, si se utiliza agresión física o psicológica contra la víctima, si se emplea un arma o si se generan daños a la propiedad.
3. La pena se incrementará a entre 8 y 15 años de cárcel si los hechos imputados califican como delincuencia organizada.
Esta aprobación busca combatir la creciente problemática de los préstamos “gota a gota”, que han afectado a numerosas personas en el país.
Con estas sanciones más severas, se espera disuadir a aquellos que se dedican a esta práctica ilegal y proteger a los ciudadanos de posibles abusos.
Es importante destacar que esta reforma al código penal es un paso importante en la lucha contra los préstamos “gota a gota“, pero también se deben implementar medidas adicionales para prevenir y educar a la población sobre los riesgos asociados con este tipo de préstamos informales.
Conclusiones
La aprobación de penas de cárcel para los préstamos “gota a gota” es un avance significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Esta reforma al código penal busca desalentar la práctica de extorsión cobratoria y brindar mayor seguridad a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, es fundamental continuar trabajando en la prevención y educación de la población para evitar caer en este tipo de esquemas ilegales.
