Salud bajo riesgo: 36 centros para ancianos acumulan órdenes sanitarias en los últimos años
La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación de oficio sobre la emisión de órdenes sanitarias desde el 2019 a 2025 con una incidencia mayor en los últimos dos años giradas por el Ministerio de Salud a centros de cuido y larga estancia para personas adultas mayores que reciben financiamiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
Por un lado, el CONAPAM reportó a esta Defensoría únicamente seis establecimientos con órdenes sanitarias; sin embargo, la información del Ministerio de Salud señala la existencia de al menos 36 centros a los que se les ha emitido alguna orden en los últimos años.
Importante destacar que algunos de estos centros tienen órdenes emitidas que están en pendientes de cumplimiento, otros están con plazos vigentes de cumplimiento y otros que ya hicieron las correcciones solicitadas. Hay casos como el de un hogar en el cantón de Mora, donde las autoridades sanitarias indicaron que dieron aviso al CONAPAM para su debida atención dentro del ámbito de sus competencias sin que a la fecha, se haya logrado obtener una respuesta por parte del ente rector, máxime cuando en este caso se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por posible delito de abandono de personas adultas mayores en condición vulnerable.
Otro caso con un estado de cierre técnico, no se encuentra dentro del registro del CONAPAM, especialmente cuando se identifica que, en el mismo sitio, con otra cédula jurídica, se pretende la apertura de un nuevo hogar el cual no cumple con la norma de habilitación.
Del mismo modo, resulta llamativo que un hogar en Esparza y otro en Quepos, no se encuentren dentro de los registros del Ministerio de Salud como establecimientos con órdenes emitidas mientras que el CONAPAM informa que sí tienen esa condición.
Para la Defensoría, la emisión y el seguimiento de órdenes sanitarias en los hogares de larga estancia para personas adultas mayores no constituyen meras actuaciones administrativas, sino instrumentos esenciales para la protección efectiva de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la salud, a la integridad personal y a una vida digna.
Resulta imperativo que el Ministerio de Salud y el CONAPAM fortalezcan sus mecanismos de coordinación, depuración de datos y planificación conjunta, estableciendo protocolos claros, canales de comunicación permanente y criterios uniformes de actuación. En este sentido, la Defensoría recomendó al CONAPAM definir una ruta de trabajo efectiva y oportuna para la identificación de centros de larga estancia en los cuales exista peligro de cierre técnico que conlleve eventualmente a la reubicación de la población adulta mayor residente.
Al Ministerio de Salud, se le recomendó girar una instrucción a las diferentes dependencias ministeriales -Direcciones Regionales y Direcciones de Áreas de Salud- sobre la obligatoriedad de que toda orden sanitaria emitida a establecimientos que atienden personas adultas mayores, sea comunicada de forma inmediata y documentada al CONAPAM, sin excepciones.
La protección de las personas adultas mayores no admite dilaciones injustificadas ni respuestas fragmentadas; por el contrario, exige una actuación preventiva, diligente y articulada del Estado, acorde con los mandatos constitucionales, legales e internacionales que rigen esta materia.
