Un 15 de agosto de 1945 entró en funciones el Sanatorio Antituberculoso Dr. Raúl Blanco Cervantes y el propósito de este era atender a la población que tenía está enfermedad.

Gracias a los controles epidemiológicos,   a los antibióticos y mejores condiciones de vida la tuberculosis se controló, pero en 1970 se decidió transformarse el sanatorio en un hospital especializado para la población adulta mayor y en 1976 gracias a la ley Nº5919, el centro de salud pasa a  llamarse Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

La Junta de  Salud de este centro hospitalario se encuentra consternada ante la situación donde la Junta Directiva de la CCSS, presentó y acogió un nuevo calendario que traslada de la nueva sede hospitalaria para el 2038,  generando un retroceso injustificable a la población adulta mayor que crece día con día.

La presidenta de la Junta de Salud, Alicia Avendaño, cuestionó que, pese a que la Junta Directiva ya había aprobado un cronograma con primera etapa al 2030 y segunda etapa al 2032, ahora se pretenda mover el proyecto hasta 2038, lo que significa prolongar aún más un proceso que ya arrastra años de atrasos.

Exigencias y acciones inmediatas

•       Replantear el cronograma con enfoque de urgencia nacional, con metas verificables, responsables designados y recursos específicos para evitar que el proyecto se normalice hacia 2038.
•       Transparencia total: publicación de los supuestos técnicos del nuevo cronograma y del estado real de los cuellos de botella (expropiaciones, capacidad técnica, contratación, riesgos).
•       Rendición de cuentas: informe completo en el corto plazo sobre el estado de expropiaciones y medidas correctivas con responsables y plazos.
•       Convocar con carácter urgente una reunión con la Junta Directiva de la CCSS para revisar antecedentes, alternativas y rutas de aceleración del proyecto.

Asimismo, la Junta de Salud activará una ruta de gestión institucional y política para colocar este tema como prioridad país, incluyendo acercamientos con instancias de control y espacios legislativos vinculados a la atención de la persona adulta mayor.

“Ampliar diez o doce años más es darnos atolillo con el dedo. Este es un tema país y debe tratarse como prioridad real”, concluyó Avendaño.