Elecciones 2026: Apenas 4 candidatos respaldan propuesta para proteger cotizaciones de educadores
Solamente cuatro de las veinte candidaturas a la Presidencia de la República, expresaron su respaldo para proteger los fondos de pensiones, y así evitar el desvío de los recursos y defender lo cotizado a lo largo de la vida laboral.
Los candidatos que sí apoyaron la propuesta
Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático Social (PCDS), Douglas Caamaño Partido Alianza Costa Rica Primero, Ariel Robles del Partido Frente Amplio y Ronny Castillo Partido Aquí Costa Rica Manda.
Los candidatos que no se adhieren a la propuesta
Luis Amador del Partido Integración Nacional (PIN), Juan Carlos Hidalgo Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y Boris Molina Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD).
Los candidatos que no se van adherir, pero sin rechazar la propuesta
Walter Rubén Hernández Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), Claudio Alpízar Partido Esperanza Nacional, Fernando Zamora Partido Nueva Generación (PNG), José Aguilar Partido Avanza, Luz Mary Alpízar Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Marco Rodríguez Partido Esperanza y Libertad.
Los candidatos que no enviaron ninguna respuesta
Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN), Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana, Natalia Díaz, Unidos Podemos, Fabricio Alvarado, Partido Nueva República y David Hernández Partido de Clase Trabajadora.
La consulta de AJA pedía a las candidaturas firmar y respaldar públicamente un pronunciamiento con tres compromisos concretos:
- Reconocer que las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) corresponden a montos por los que se cotizó, y que deben pagarse como compensación por los recursos aportados por el Magisterio y utilizados para otros fines por el Estado, sin recortes ni manipulaciones indebidas.
- Condenar el manejo patrimonialista de los fondos de pensiones, reconociendo el desvío histórico de aportes realizados por los docentes y la necesidad de corregir esa distorsión.
- Apoyar un proyecto de ley que declare inviolables los fondos de pensiones y que tipifique como delito imprescriptible, con sanciones penales, cualquier desvío de recursos destinados al sustento de las pensiones.
“Los jubilados del Régimen de Reparto no somos pensionados de lujo. Somos trabajadores que cotizamos conforme a la ley durante décadas, en muchos casos con tasas superiores a otros regímenes, y que hoy seguimos aportando incluso después de jubilados. No estamos pidiendo privilegios: estamos defendiendo lo que se cotizó y que fue utilizado para otros fines”, señaló Miguel Sobrado, presidente de AJA.
AJA recuerda que, entre 1958 y 1992, las cuotas del personal docente no se constituyeron en un fondo de pensiones autónomo, sino que fueron utilizadas por el Estado para otros fines. Ante la inexistencia de dicho fondo, el pago de las pensiones pasó posteriormente a financiarse con cargo al Presupuesto Nacional bajo el RTR, lo que dio pie a interpretaciones erróneas que las catalogaron como “pensiones de gracia” y derivó en recortes, topes, contribuciones solidarias y congelamientos, incluso frente al costo de la vida.
Actualmente, cerca de 30.000 jubilados del Magisterio no han recibido ajustes por inflación en más de cinco años, pese a estándares internacionales que recomiendan preservar el poder adquisitivo de las pensiones. Para AJA, el bajo respaldo político a la propuesta evidencia una falta de voluntad para corregir una distorsión histórica y proteger fondos que, por su origen contributivo, no deberían volver a ser objeto de desvíos.
La organización insiste en que estas pensiones no constituyen privilegios, sino una compensación por recursos utilizados para otros fines, y anuncia que intensificará su agenda pública y legislativa para promover un proyecto de ley que blinde estos recursos, reiterando su disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas.
