Zonas rurales y fronterizas sufren el mayor rezago en servicios públicos, revela ARESEP

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) identificó los cantones del país en donde hay mayor brecha en el acceso y la continuidad de los servicios de agua potable, electricidad, gas y transporte, esto incide de manera directa la calidad de vida de las personas usuarias y en el desarrollo en sus comunidades.
Los resultados evidencian cómo las condiciones territoriales influyen en la forma en que se prestan y utilizan los servicios públicos, especialmente en regiones fuera del Valle Central. En las zonas periféricas son frecuentes las interrupciones, deficiencias o limitaciones en los servicios públicos, lo que generan mayores costos sociales y económicos para las familias y las actividades productivas.
Para profundizar en estas diferencias, ARESEP integró indicadores de desarrollo social, desarrollo humano y competitividad, lo que permitió identificar patrones de desigualdad territorial persistentes. Estas situaciones influyen en el acceso universal y equitativo a los servicios públicos.
De manera complementaria, el análisis determina cantones donde se acumulan múltiples problemáticas en la prestación de servicios públicos que incrementan la vulnerabilidad de las comunidades y limita las oportunidades de desarrollo, entre estas destacan: alta denegación del servicio de agua en solicitudes nuevas, interrupciones eléctricas frecuentes y prolongadas, abandono de rutas por parte del servicio de autobuses, mal estado en cilindros de gas (GLP), expansión del transporte informal, entre otros.
Los problemas experimentados en la prestación de estos servicios en las regiones estudiadas son reconocidos de manera coincidente por todos los actores participantes: gobiernos locales, usuarios de servicios públicos, líderes y lideresas locales, poblaciones en condición de vulnerabilidad e instituciones públicas presentes en estas localidades.
En estos territorios las opciones de acceso a los servicios públicos suelen ser más reducidas y las afectaciones tienen un impacto más significativo en la vida cotidiana de la población.
Al combinar la información de los indicadores con las necesidades expresadas por actores territoriales, la Autoridad Reguladora construyó un perfil de los territorios, que orienta la definición de niveles de atención y priorización de la acción regulatoria.
Se identificaron tres niveles: cantones donde convergen rezagos estructurales y múltiples problemas en la prestación de servicios; territorios con vulnerabilidades que pueden agravarse si no se actúa oportunamente; y cantones con menos afectaciones en los servicios, aunque con desigualdades que requieren la articulación de otras políticas públicas, además de la regulación.
La directora de la Dirección General de Atención al Usuario, Gabriela Prado, señaló que “este trabajo permite reconocer que los territorios enfrentan realidades distintas. Analizar la información desde el territorio y escuchar a las comunidades nos da mejores insumos para priorizar acciones regulatorias donde los servicios públicos tienen un impacto más crítico en la vida de las personas, el mapa integrado podría ser punto de partida”.
El proceso incorporó la participación de 1 994 personas como informantes clave y de 598 organizaciones locales y regionales, entre ellas gobiernos locales, organizaciones comunales, prestadores de servicios e instituciones públicas, con presencia en los cantones de las regiones Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.
Los resultados servirán como base para la toma de decisiones regulatorias, al permitir intervenciones diferenciadas y fortalecer la acción institucional en los territorios donde se identifican mayores necesidades en la prestación de los servicios públicos.






