Rumbo a un momento histórico: Costa Rica busca blindar la libertad de prensa
La libertad de prensa y expresión en Costa Rica se ha visto opacada. Según un informe publicado por Reporteros Sin Fronteras en el 2025 en donde nuestro país se posiciona en el puesto número 36 de 180 países a nivel mundial; aunque sigue siendo uno de los mejores países en esta materia, en los últimos años ha tenido retroceso.
El pasado miércoles 4 de febrero en el Plenario Legislativo fue aprobado en segundo debate, el expediente Nº24,185, “Ley para la libertad del ejercicio periodístico” y se deroga los artículos 7 y 8 de Ley de la Imprenta, que castigan con penas de prisión a los periodistas que sean encontrados culpables de delitos contra el honor, como calumnia o injuria, así como aquellos que, con sus publicaciones, afecten las relaciones entre Costa Rica y otros Estados.
La existencia de penas privativas de libertad en el Código Penal, todavía hoy, constituye un anacronismo odioso que no calza con el Estado de Derecho costarricense y su tradición democrática, tal y como lo ha señalado en su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La derogatoria de estos artículos elimina la posibilidad de privación de libertad de uno a ciento veinte días para periodistas, editores y responsables de medios de comunicación,corrigiendo un rezago normativo incompatible con los estándares modernos de libertad de expresión y derechos humanos.
El diputado Gilberto Campos, jefe de fracción del PLP y proponente de la reforma, indicó que la aprobación definitiva del proyecto representa un avance concreto en la protección del ejercicio informativo, al reducir el uso de la Ley de Imprenta como mecanismo de intimidación frente a investigaciones, opiniones críticas y contenidos de interés público difundidos en medios tradicionales y digitales.
“En los próximos cuatro años, dados los resultados del último proceso electoral, la prensa en Costa Rica necesitará todas las herramientas y condiciones posibles para hacer su trabajo de manera objetiva, sin presiones, para poder ejercer la libertad de expresión. La prensa necesitará garantías para hacer su trabajo sin amenazas de aplicar penas privativas de libertad”, enfatizó Campos.
El diputado agregó que la aprobación de esta ley envía una señal clara de respaldo institucional al rol fiscalizador del periodismo en una democracia plena, y al derecho de la ciudadanía a recibir información libre, plural y sin censura indirecta.
“Aún hoy, hay quienes llevan a periodistas a los Tribunales de Justicia alegando como fundamento de derecho los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, lo cual nos parece un claro amedrentamiento, a pesar de que la Sala III ya había resuelto la derogatoria tácita de esos numerales. Para impedir nuevos casos de este tipo fue que planteamos esta reforma, para que dichos artículos queden eliminados explícitamente de la ley y no puedan ser alegados nunca más en perjuicio de un periodista”, fundamentó el diputado liberal.
Campos también recalcó que la reforma no elimina la responsabilidad penal de los periodistas por eventuales afectaciones al honor, pero traslada enteramente su tratamiento a las vías legales ordinarias correspondientes, con las sanciones pecuniarias que dispone el título de delitos contra el honor del Código Penal, evitando que normas desproporcionadas, como las privativas de libertad, se utilicen para inhibir el derecho a la libre expresión, la libertad de prensa y el trabajo periodístico en general.
El Colegio de Periodistas y Profesionales de Ciencias de la Comunicación expresó lo siguiente:
«El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva en su sesión de Junta Directiva No. 16-24 del 23 de abril del 2024 avaló la fundamentación y aplaudió el impulso del legislador para derogar los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta por considerar que es esencial para la defensa de la libertad de prensa y el fortalecimiento de la democracia».
