Diputados aprueban reforma que permitirá extraditar ticos por narcotráfico y terrorismo

La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso crucial este martes 13 de mayo al aprobar, en segundo debate de segunda legislatura, la reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y terrorismo.

La iniciativa, impulsada por la fracción oficialista de Progreso Social Democrático (PPSD) bajo el expediente 23.701, fue respaldada por 44 congresistas, sin votos en contra. La reforma requiere aún de un tercer debate, que se llevará a cabo mañana miércoles 14 de mayo, para convertirse oficialmente en parte de la Constitución Política.

Esta reforma fue reactivada tras el llamado del presidente Rodrigo Chaves, quien solicitó al Congreso su aprobación durante su informe del 5 de mayo.

Cambios al artículo 32

Una vez finalizado el proceso legislativo, el artículo 32 de la Constitución Política se modificará para leer de la siguiente manera:

«Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes.«

Reforma aún no es aplicable

Pese al avance constitucional, la implementación de esta medida dependerá de otras reformas legales y diplomáticas, ya que los tratados internacionales suscritos por Costa Rica actualmente impiden la extradición de nacionales. Por tanto, el Poder Ejecutivo deberá renegociar tratados bilaterales e impulsar cambios en la legislación nacional para establecer los procedimientos, requisitos y garantías que regirán estos procesos.

Sala IV avaló el cambio

La Sala Constitucional validó la iniciativa, indicando que no vulnera derechos fundamentales y que se encuentra alineada con tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención para la Represión del Financiamiento del Terrorismo.

El alto tribunal subrayó que la reforma respeta el equilibrio constitucional y concilia el derecho del ciudadano de permanecer en su país con el interés del Estado de combatir delitos transnacionales graves.