¡Peligro ambiental! Nueva propuesta de ley amenaza con debilitar la lucha contra el plástico en Costa Rica
Como un retroceso normativo y ambiental de alto impacto, sin mayor valor jurídico ni eficaz para la debida gestión de los residuos de botellas plásticas en el país. De esa manera calificó un grupo de organizaciones representativas de la producción y el comercio nacional, el proyecto que se tramita con el expediente No24.509 Ley para la declaratoria de las botellas de plástico de un solo uso como residuos de manejo especial.
En correspondencia enviada recientemente a jefes de fracción y diputados independientes, los presidentes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, la Cámara de Industrias de Costa Rica, la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Cámara de Detallistas, la Asociación Costarricense de la Industria Plástica y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, han solicitado el rechazo de dicha iniciativa puesto que contradice de manera directa la ya vigente Ley No9786, Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, misma que se encuentra en proceso de reglamentación por parte del Ministerio de Salud.
El sector empresarial señaló que la Ley No9786 fue adoptada para regular integralmente la gestión de envases plásticos de un solo uso, y que su implementación avanza dentro del marco institucional establecido. En ese contexto, crear una normativa paralela sobre la misma materia no solo es innecesario, sino perjudicial, al introducir duplicidad regulatoria, vacíos operativos y mayores cargas burocráticas sin aportar beneficios ambientales comprobables. Las cámaras y asociaciones detallaron los siguientes puntos críticos:
- El proyecto 24.509 no aporta valor jurídico ni ambiental: repite lo ya establecido por la Ley 9786 y genera duplicidad e inseguridad normativa.
- Propone metas de recuperación de desechos plásticos arbitrarias sin base técnica, económica ni operativa.
- Impone sanciones desproporcionadas y técnicamente deficientes, contrariando principios legislativos básicos e incorporando las bases para que se constituya como delito el incumplimientos de las metas de recuperación por parte de productores y comerciantes.
- Debilita la normativa vigente al eliminar la opción del uso de resina reciclada, una herramienta clave de reutilización con lo cual retrocede en protección ambiental respecto a la Ley 9786.
- Genera obligaciones incompatibles para regulados, haciendo inviable la coexistencia de ambas normas.
- Aumenta la burocracia innecesariamente y encarece el cumplimiento sin beneficios ambientales claros.
- Dispersa competencias y debilita la gobernanza ambiental al crear un sistema paralelo y confuso.
- Desarmoniza con la legislación vigente sobre residuos de manejo especial y contradice criterios legales actuales.
- Fomentaría informalidad, menor cumplimiento y litigios, afectando la seguridad jurídica, inversión y empleo, sin mejoras ambientales comprobadas.
Los productores y comerciantes hacen un llamado de atención y señalan a los diputados que, cuando ya existe una ley vigente que puede ser perfeccionada mediante su respectiva reglamentación, la aprobación de otra normativa que regule exactamente los mismos aspectos no sólo resulta innecesaria, sino que representa un retroceso en el fortalecimiento del Estado de Derecho. En lugar de aportar claridad y eficiencia, la coexistencia de dos leyes sobre la misma materia genera confusión, duplicidad normativa y pone en riesgo la seguridad jurídica.
Por ello, expresan que, la decisión más responsable y coherente con la protección del marco jurídico y ambiental vigente es proceder con el archivo de dicho proyecto y enfocar todos los esfuerzos institucionales en la correcta aplicación, cumplimiento y fortalecimiento de la Ley 9786, optimizando sus mecanismos y estándares en beneficio del país.
