El PANI aclara: sus albergues buscan proteger, no castigar a la niñez

“Los albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no son cárceles, son espacios de protección y cuido para niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos. Sin embargo, en este momento hay 134 adolescentes varones y mujeres, referidos por la Fiscalía Penal Juvenil por diferentes delitos, lo que representa un alto riesgo en las alternativas”, indicó la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza.

La estadía de estas personas menores de edad en alternativa de protección, no solo los expone a ellos mismos, sino también a los otros niños, niñas y adolescentes, al personal del PANI, a las comunidades y a las instituciones que invierten recursos de todo tipo para su atención. Por ello, es urgente que se valore con detenimiento el dictado de las medidas judiciales y se dimensione la complejidad de la atención de población con estas características”, agregó.

Los 134 adolescentes, 95 son varones y 39 son mujeres, tienen pendientes por Justicia Penal Juvenil por delitos como: tentativa de homicidio, agresiones con arma, hurto y hurto agravado, abusos sexuales, portación de arma, lesiones graves y leves, incendio, explosión, entre otros, según reporte del Departamento de Protección del PANI. Es decir, el Patronato tiene más población con delitos que el Centro de Formación Juvenil Zurquí del Ministerio de Justicia y Paz (105 personas menores de edad privados de libertad).

Para la atención de la población bajo protección, el PANI invierte ₡3.600 millones en la contratación de tutores y ₡1.865 millones en la contratación de servicios de apoyo profesional; esto aparte de los casi ₡4000 millones en la operación ordinaria de albergues. Además, traslada más de ₡13.000 mil millones de colones a organizaciones no gubernamentales para la atención especializada de niños, niñas y adolescentes, incluidos los referidos por Penal Juvenil. Esto según reporte del Departamento de Financiero del Patronato.

A pesar de esta atención integral, profesional y especializada, esta población hace egresos no autorizados, de manera permanente; lo que implica, la aplicación del protocolo cada vez que sucede. Por ejemplo, los cinco adolescentes que egresaron el sábado en Limón, se debe presentar la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de manera inmediata. Tres de los cinco fueron ubicados ayer, llevados a la Fuerza Pública, valorados médicamente en el Hospital de Guápiles y reingresados al albergue.

En lo que va del 2025, el OIJ registra 426 personas menores de edad reportados como desaparecidos y son egresos no autorizados de centros de cuido del PANI; en el 2024 fueron 918. De la totalidad de egresos no autorizados para ambos periodos, un 96% son adolescentes entre los 12 y 17 años y el 53% son varones.

Estos egresos no autorizados implican que una gran cantidad de recursos del Estado se destinen a su atención; por ejemplo, la Fuerza Pública debe atender el reporte al 9.1.1. y trasladar a las personas menores de edad de los despachos judiciales a los albergues.

El PANI tiene bajo protección 1990 personas menores de edad, la gran mayoría víctimas de violencia en sus casas; sin embargo, además de estos 134 que tienen referencia de Fiscalía y Juzgados Penales Juveniles, hay 144 tienen consumos de drogas y 199 conductas disruptivas (sin límites y con conductas violentas) que también deben ser protegidos por órdenes judiciales dictadas por Juzgados de Familia y Juzgados de Violencia Doméstica, entre otros.

Si bien las instituciones responden con recursos y centros especializados, las características de esta población bajo protección hace que se tenga un alto riesgo de violencia, principalmente entre las personas menores de edad, por lo urge que se revisen las medidas judiciales a la luz de la complejidad y la protección integral de las personas menores de edad referidas por el Poder Judicial, pero también a la luz del interés superior de las demás personas menores de edad en alternativas, enfatizó la jerarca.