Alarma por fragilidad en Juntas Administrativas: La equidad educativa está bajo amenaza
La Defensoría de los Habitantes afirma que el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas —pilares de la gestión operativa del sistema educativo— presenta una marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo. Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, lo que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y al aumento en la matrícula escolar.
Esta realidad ha generado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.
El análisis de la Defensoría muestra que en 2024 un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que mientras algunos centros educativos
pueden financiar adecuadamente la alimentación, infraestructura y programas extracurriculares; otros apenas logran sostener servicios mínimos.
Esta polarización presupuestaria se traduce en oportunidades desiguales para niñas, niños y adolescentes según su lugar de origen, condición socioeconómica o pertenencia cultural.Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas.
En el período 2019–2024, dicho fondo pasó de ₡94.303 millones a ₡40.617 millones, una reducción del 56,9%, lo que ha limitado severamente la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a apenas ₡41.321 en 2024, evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo y una clara vulneración al principio de igualdad de condiciones.
La Defensoría también advierte que la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), uno de los principales mecanismos para garantizar el derecho a la alimentación y la permanencia en el sistema educativo, presenta una brecha estructural: solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando especialmente a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial.
En términos de derechos humanos, esta situación representa una violación directa del derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.Asimismo, la Defensoría señala una insuficiencia crítica en infraestructura educativa, pues entre 2019 y 2022 los recursos destinados a este rubro se redujeron más de
un 50%, y aunque en 2024 se registró un repunte, persisten riesgos de ejecución y desigualdades en la capacidad técnica de las Juntas para gestionar obras.A esta fragilidad se suman los recortes en arte, cultura y deporte, los cuales reflejan un retroceso en la educación integral y en la protección de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia.
El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria y la desigual capacidad de gestión local han trasladado a las comunidades educativas una carga desproporcionada. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, una cifra que refleja el esfuerzo extraordinario de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales.
Este escenario, sin embargo, vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública consagrado en la Constitución Política.
La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas.
La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes, sin discriminación.
