Elecciones 2026: Los bancos ponen sobre la mesa las distorsiones que frenan el crecimiento del país

A pocos días de las elecciones presidenciales, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha trazado una hoja de ruta crítica para el próximo Gobierno. No se trata solo de política, sino de la viabilidad económica del país. El diagnóstico es claro: para reactivar Costa Rica, el nuevo Poder Ejecutivo debe priorizar dos frentes de reforma inmediatos:

​Competitividad Empresarial: Reducir drásticamente los costos operativos y eliminar las trabas que hoy frenan la inversión y la creación de empleo formal.
​

Eficiencia Financiera: Erradicar las distorsiones del sistema para abaratar el costo del crédito, permitiendo que el financiamiento sea un verdadero motor de desarrollo y no una carga para quienes producen.

La ABC subrayó que, si bien la economía costarricense como un todo mantiene tasas de crecimiento saludables, el crecimiento se concentra en empresas de zonas francas. El resto de la economía, que representa un 85% del Producto Interno Bruto, ha mostrado un crecimiento muy bajo desde hace años. Para la banca, corregir los factores que afectan la competitividad y la intermediación financiera resulta clave para impulsar un crecimiento más equilibrado e inclusivo en el país.

“Las empresas costarricenses están atenazadas por una serie de factores que hacen muy costoso producir y crear empleos formales. Cuando existen distorsiones que elevan los costos de producción y del crédito, o que reducen la disponibilidad de recursos prestables a determinados sectores, se afecta la inversión productiva y la capacidad de las empresas para expandirse y contratar trabajadores”, señaló Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.

Prioridades de la ABC para la agenda económica de la próxima administración

1. Reducir costos operativos de las empresas para impulsar el crecimiento y la generación de empleos formales

El aparato productivo nacional enfrenta, desde hace años, elevados costos de producción, relacionados con las altas cargas patronales sobre la planilla, las tarifas eléctricas, los rezagos en infraestructura, la carga regulatoria y los desajustes entre la oferta laboral y las necesidades de las empresas. Todos esos factores limitan la competitividad de las empresas, especialmente fuera de zonas francas y fuera de la Gran Área Metropolitana. La menor competitividad reduce la rentabilidad de los proyectos de inversión, limita la expansión empresarial y la creación de empleo formal.

Actualmente, cerca del 40% de los trabajadores se mantiene en la informalidad. Resulta crucial aplicar una estrategia integral para reducir los costos operativos y fortalecer la generación de empleo formal. Esto contribuiría a un crecimiento económico más equilibrado y a una mayor inclusión de los trabajadores con baja calificación.

Para impulsar la competitividad empresarial y la formalización del empleo es preciso:

•       Reducir las cargas patronales sobre la planilla, especialmente las no relacionadas con pensiones o con seguro de salud.
•       Abrir el mercado eléctrico a la producción privada.
•       Mejorar la infraestructura vial y portuaria, en parte mediante el impulso de alianzas público-privadas.
•       Reducir la carga regulatoria.
•       Mejorar la coordinación entre las instituciones educativas formales, técnicas y vocacionales y las empresas, para asegurar que se generen las destrezas que el sector productivo demanda.
•       Ampliar la red de cuido de menores y adultos mayores, para permitir una mayor participación en el mercado laboral, especialmente de las mujeres.

2.     Reducir las distorsiones sobre el sistema financiero

Reducir los costos operativos de producción estimularía la inversión y, por tanto, la demanda de crédito. Lo mismo ocurriría con la formalización de empleos, pues la informalidad eleva los riesgos de la intermediación financiera y aumenta la base de empresas y trabajadores con historial crediticio.

Sin embargo, la intermediación financiera enfrenta también distorsiones directas y específicas que elevan sus costos y que afectan la oferta de crédito. Entre ellas destacan:

•       Las cargas parafiscales, que son contribuciones que se imponen a la banca para financiar programas fiscales.
•       El denominado “peaje bancario”, que exige a los bancos privados mantener en la banca estatal un 17% de los depósitos que reciben.
•       El encaje mínimo legal, que corresponde al porcentaje de los depósitos que los intermediarios financieros deben mantener inmovilizados en el Banco Central y que no pueden destinarse al otorgamiento de crédito. En Costa Rica, esta tasa se sitúa en 15%, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 1%.

En el caso del encaje mínimo legal, su fijación es competencia del Banco Central, no del Poder Ejecutivo, pero la ABC considera importante que se promueva una discusión técnica orientada a valorar una eventual reducción de esta tasa.

“Reducir estas distorsiones es esencial para conseguir tasas de interés más favorables para los ahorrantes y más crédito, a menores tasas, para los deudores, fortaleciendo la competitividad del país y promoviendo un crecimiento más dinámico y equilibrado”, agregó Cubero.

De cara al proceso electoral, la ABC hace un llamado a las candidaturas para que incorporen estos temas en la agenda de políticas económicas, con un enfoque técnico, responsable y orientado a resultados que permita más crédito, más inversión, más empleo formal y un crecimiento más balanceado e inclusivo. Que permita, en esencia, un mayor bienestar para los costarricenses.